Un negocio de casi dos mil millones al año y que, según el sector, genera unos 25.000 empleos directos e indirectos. En Andalucía hay registrados unos 84.000 inmuebles para alquiler turístico, viviendas con ese fin o apartamentos. En total más de 440.000 plazas en oferta para los 32 millones de visitantes que acudieron a la comunidad en 2019. Pero tras estas cifras también ha aparecido en los últimos años otra realidad. Los problemas del ruido y la convivencia con los vecinos de esas casas. El alza de los precios que provoca que los residentes habituales tengan que abandonar sus pisos y buscar otros en zonas cada vez más periféricas o en municipios cercanos a las capitales de las provincias. La gentrificación. Una estimación de la plataforma Airbnb cifraba hasta en 21.000 euros al año el beneficio que puede obtener un propietario de una vivienda con fines turísticos (VFT) muy demandada con la renta del alquiler. El problema es común en muchas ciudades. Aunque hay ejemplos paradigmáticos. En el centro urbano de Málaga ya hay más viviendas turísticas que para residentes. El alcalde, Francisco de la Torre, quiere una regulación pero confiesa su incapacidad porque carece de competencias. Sevilla lo ha intentando. La Agencia de la Competencia recurrió el cambio urbanístico. Palma de Mallorca sí ha tenido éxito. El Supremo le acaba de respaldar la prohibición municipal de que una vivienda plurifamiliar pueda destinarse a uso turístico. Al Ayuntamiento le amparaba una ley autonómica. En Andalucía, la Junta tramitó en abril un decreto que quedó en el limbo por las elecciones. Ahora la Consejería de Turismo anuncia que en un mes modificará el vigente para atender el clamor social que exige una regulación de este mercado. A los ayuntamientos se les otorga capacidad para controlarlo. Un importante paso adelante, pero con la sensación de que hay ciudades en las que se llega tarde ante este grave problema.