Entre la ingeniería jurídica y la chapuza política, o viceversa, el Gobierno de Pedro Sánchez parece empeñado en estas semanas de diciembre, en las que el país se adormece entre una sucesión de festivos, a llevar la legislatura a un punto de ebullición que tiene pocos precedentes. El objetivo sería volar todas las minas para afrontar el último año de mandato, con unas elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales presuntamente en diciembre, en un ambiente más propicio para la propaganda que para meterse en grandes polémicas. De la controvertida ley del sólo sí es sí a la reducción de penas por los delitos de sedición y malversación, pasando por el asalto al Poder Judicial para forzar la renovación del Tribunal Constitucional, la Moncloa ha puesto en marcha una ofensiva que algunos, con evidente exageración, han llegado a calificar de golpe de Estado blando y que ha cogido a la oposición con el pie cambiado. Se trata, una vez más, de hacer concesiones a los socios parlamentarios que han marcado el devenir de la legislatura y, también, de preparar el terreno para la siguiente. Pero con su audacia y falta de escrúpulos habituales, Pedro Sánchez no ha dudado en tocar en esta ocasión asuntos que afectan a aspectos sustanciales de nuestra arquitectura democrática, que acomete, como es norma de la casa, saltándose cualquier intento de diálogo con el otro partido sistémico, con el que debería hablar todos los temas de Estado, e incluso ignorando la petición de los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial. El resultado es el enrarecimiento del clima político hasta hacerlo completamente irrespirable, la apertura de territorios de impunidad diseñados para los aliados políticos y la confusión generalizada. En un tema que afecta directamente a Andalucía, nadie en el Gobierno o en el PSOE ha sido capaz de explicar cómo la reducción de penas por malversación va a dejar de afectar a las ya impuestas al ex presidente Griñán y al resto de condenados por los ERE.