Sequía y financiación

A falta de que el enrevesado panorama político nacional se clarifique con la investidura del próximo presidente del Gobierno, la agenda andaluza se reanuda esta semana con dos cuestiones encima de la mesa que merecen la máxima atención. La primera es la sequía con la derivada de la desastrosa situación del Parque Nacional de Doñana. La segunda es el riesgo cierto de que las negociaciones de Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes para blindar su permanencia en la Moncloa consagren un modelo de financiación y de grandes inversiones estatales que discriminen a Andalucía. Ambos temas son de una gravedad y una trascendencia que no se escapa a ninguna fuerza política, económica o social que conozca la realidad de la región y que trabaje por su mejora y desarrollo. Los dos afectan de forma muy directa a la calidad de vida de los andaluces y al futuro de sus ciudadanos porque, tanto la sequía como la financiación, tienen una traducción directa e inmediata en puntos de PIB y en índices de empleo. Frente al enorme embrollo en el que se desarrolla la política española, que parece haber entrado en un bucle del que es incapaz de encontrar una salida, Andalucía tiene en los próximos meses la oportunidad de aprovechar su situación de estabilidad para lanzar un mensaje de entendimiento y de responsabilidad. Ni la situación creada en la agricultura, el turismo y la industria por la ausencia de lluvia ni la posibilidad de un maltrato financiero a la región son asuntos que deban provocar controversias irreconciliables, sino todo lo contrario. El Gobierno andaluz tiene la obligación de levantar una bandera reivindicativa, pero no debe usarla en el combate político interno. Tampoco la oposición, representada por el PSOE de Andalucía, puede anteponer las estrategias nacionales de su partido a los intereses de la región. Si Juanma Moreno y Juan Espadas logran abstraerse del ruido nacional y exploran unos mínimos territorios de consenso no cabe duda de que Andalucía saldrá ganando.