El choque institucional que estos días se ha desatado entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional no tiene precedentes. Es una situación inédita que está afectando a la credibilidad de las instituciones, y que se origina en el pulso entre PSOE y PPpara renovar el Consejo General del Poder Judicial y del propio Constitucional. Aunque existan dudas sobre la constitucionalidad de la reforma legal que aprobó ayer el Congreso, el Tribunal Constitucional no podía suspender una votación en la Cámara por varias razones. Primero, porque la proposición de ley no queda lista para publicar en el BOE, sino que aún le falta que sea vista en el Senado. Hasta en cinco ocasiones, el Tribunal Constitucional se negó a paralizar la tramitación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco hasta que éste no fuese aprobado. Adoptar las medidas cautelarísimas que solicitaba el PP para suspender la votación hubiese supuesto no dar la oportunidad de explicarse a las partes implicadas por un asunto que no es inmediato. Aun así, el presidente del Constitucional convocó el pleno, arrancó con un retraso de tres horas y, finalmente, fue pospuesto al lunes. El problema de lo que ha aprobado el Congreso es de forma y de fondo. De forma, porque en una proposición de ley de reforma del Código Penal, cuyo título hace mención a una transposición de normativas europeas, se han incluido cambios que no están relacionados con esto. Y de fondo, porque uno de esos cambios afecta a la naturaleza del Tribunal Constitucional, al que se le hurtaría su derecho a pronunciarse sobre la idoneidad de los miembros que eligen las instituciones. Otra de las reformas altera el modo que tiene el Consejo General del Poder Judicial de elegir a sus vocales para el Constitucional, de manera que ya no sería necesaria una mayoría cualificada. El Constitucional se tendrá que pronunciar sobre estos dos cambios y el modo de tramitarlos una vez sean aprobados del todo.