La amnistía no se votó

El PSOE tuvo en las elecciones del pasado 23 de julio más de siete millones y medio de votantes. Ninguno de ellos metió la papeleta en la urna sabiendo que, en caso necesario, se pondría en marcha una amnistía para borrar los delitos cometidos por los responsables de la intentona separatista de 2017 en Cataluña. Ni en el programa electoral de los socialistas ni en ninguna manifestación pública de sus responsables se podía adivinar, ni por activa ni por pasiva, que esa medida podía ser puesta encima de una mesa de negociación. Todo lo contrario. En las reiteradas declaraciones de Pedro Sánchez o en el informe de junio de 2021 en el que el Ministerio de Justicia justificaba la pertenencia del indulto a los condenados que habían sido juzgados, se señalaba con absoluta nitidez que la amnistía escapaba de los límites constitucionales y de cualquier esquema de lógica política. Sánchez reiteró hasta la saciedad que su objetivo era traer al huido Carles Puigdemont a España para que respondiera ante los jueces. No es la primera vez, ni será la última, que cambia de criterio y se desmiente a sí mismo en función de sus intereses estratégicos. Pero esta vez, por la gravedad de lo que se plantea y la lesión que supone para la estabilidad de la democracia, se sobrepasan todos los límites permisibles. Es una deslealtad absoluta con sus votantes, algo que un gobernante no debería permitirse en ningún caso. Además, pone en riesgo la convivencia de los españoles y abre la vía a que los movimientos secesionistas se envalentonen y lo vuelvan a intentar. No debe sorprender a Pedro Sánchez que desde todos los ámbitos, también desde su partido, se alcen voces airadas y que la calle se movilice para intentar parar este disparate.