El Consejo de Gobierno de la Junta decidió en su reunión del martes presentar un recurso en el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno de la nación de crear un impuesto para gravar las "grandes fortunas". No estamos ante un conflicto más de los muchos que se suscitan entre las administraciones autonómicas y la central. Se trata de una respuesta política a una decisión de Pedro Sánchez que también fue política. El presidente Juanma Moreno anunció el pasado septiembre en un foro organizado por este periódico en Madrid un amplio paquete de medidas fiscales que incluía la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Otras comunidades, como Madrid y Galicia de forma parcial, han adoptado medidas en la misma línea. Moreno lo hacía desde el convencimiento de que la desaparición de una figura fiscal que considera obsoleta ayudaría a concentrar inversiones y atraer capitales. Además, la experiencia de la Junta en la pasada legislatura abona la tesis de que una rebaja impositiva no supone una menor recaudación porque aumenta la base de contribuyentes. El Gobierno central consideró este anuncio casus belli y movió ficha con un nuevo impuesto: el destinado a las "grandes fortunas", que en la práctica supone la vuelta, por otra vía, a recaudar por patrimonio. Desde esta perspectiva, es lógico que la Junta haya considerado la medida una invasión de sus competencias y un intento de limitación de la capacidad de actuación que le reconocen la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El Gobierno andaluz acude a la instancia adecuada para hacer valer sus derechos: el Tribunal Constitucional. La decisión ha sido avalada por el Consejo Consultivo y tiene una sólida argumentación jurídica. Además, la Junta pide la suspensión cautelar del impuesto estatal porque entiende que su puesta en marcha le causaría un perjuicio importante. El pronunciamiento del Constitucional, cuando se produzca, ayudará a dilucidar una cuestión clave para el futuro del concepto mismo de la autonomía política.