Una de las críticas recurrentes a la Junta de Andalucía en la anterior legislatura fue que manejaba mejor la propaganda que la gestión. Algo de esto se puede rastrear durante el Gobierno que machacó con insistencia un mensaje de cambio que no resultó tan profundo. Pero sería injusto no reconocer el esfuerzo que se hizo, mediante inversión y políticas coherentes, para por lo menos, parchear la penosa situación de la sanidad pública que recibieron de la Administración socialista. Más que la legislatura del cambio, la pasada fue la legislatura del Covid, lo que provocó una tensión nunca vista en el sistema sanitario y obligó a que todos los recursos se centraran en combatir sus efectos. Pasado lo más grave de la pandemia, la realidad de la sanidad pública andaluza es, básicamente, la de siempre, con colapsos puntuales de la Atención Primaria, saturación de las Urgencias y quejas generalizadas tanto de los profesionales como de los usuarios por la falta de medios. Nada que no pase en otras comunidades de España, con excepción de las de régimen foral, Navarra y País Vasco, que disponen de recursos financieros que les están vedados a las demás. En Andalucía, como informaba ayer este periódico, nunca la sanidad pública ha dispuesto de más medios para prestar su servicio. Ha habido un aumento importante de personal y dispone para el año que acaba de comenzar de un presupuesto de casi 13.500 millones de euros, unos 2.000 millones más que hace dos años. A pesar de ello, la situación esta semana ha sido de caos en la Atención Primaria y las Urgencias y ya hay en marcha un calendario de protestas que puede agravar más la situación en los centros de salud. Más que problemas de gestión, que sin duda los tiene, la sanidad pública, la andaluza y la de cualquier otro lugar, tiene un problema de demanda: ésta tiende a infinito y nunca habrá recursos suficientes para satisfacerla en su totalidad. Es un problema sin soluciones absolutas, pero que sí las tiene parciales. Y esas son las que hay que arbitrar.