El Supremo, en un auto demoledor para el Gobierno, revisa la sentencia sobre la intentona separatista de 2017 en Cataluña tras la reforma del Código Penal que impulsó Pedro Sánchez para garantizarse el apoyo de sus socios parlamentarios, que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación. La resolución del tribunal tiene dos aspectos sustanciales que ponen en cuestión los planteamientos del Ejecutivo y que suponen la constatación de una nueva chapuza jurídica que se suma a la perpetrada con la ley del sólo sí es sí. El primero es la imposibilidad de encajar los comportamientos de los separatistas que intentaron romper el orden constitucional en el nuevo delito de desórdenes públicos agravado, que se forzó para sustituir el de sedición. El Supremo confirma la doctrina del juez Pablo Llarena en el sentido de que la figura penal que estaba vigente no es sustituible por la nueva. Pero es en el segundo aspecto donde el Alto Tribunal enciende todas las luces de alarma: la reforma penal del Gobierno deja desarmado al Estado ante una posible repetición de lo que ocurrió hace seis años en Cataluña. La eliminación de la sedición supone, ni más ni menos, que dejar impunes los procesos secesionistas que no conlleven el uso de la violencia. Si se tiene en cuenta que una de las consignas de la propaganda nacionalista en los últimos años ha sido preciosamente el afán por repetir el golpe de 2017, no hay más remedio que concluir que Sánchez ha despenalizado un posible atentado contra la soberanía nacional y la cohesión territorial. La torpeza del Gobierno con su reforma legal también queda evidenciada por el hecho de que no ha logrado devolver a la vida política a los principales líderes del procés, entre ellos Oriol Junqueras. El Supremo, en aplicación del delito de malversación agravada, mantiene la inhabilitación del ex vicepresidente catalán hasta 2031. Hasta eso lo ha hecho mal Pedro Sánchez.