Editorial
Sobresueldos en el Ayuntamiento de Sevilla
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Esta vez el permanente fuego cruzado de los enfrentamientos políticos han cogido en medio a pensionistas, usuarios del transporte público o beneficiarios de las ayudas de la dana de Valencia. Por difícil que pueda parecer, los intereses de estos colectivos han quedado en un segundo plano por el empeño del Gobierno en aprobar un decreto que era un heterogéneo revoltijo de medidas y la confluencia de intereses del PP y Junts para infligir una derrota a Pedro Sánchez que evidenciase, para los primeros, que esta es una legislatura en riesgo permanente de implosión y, para los segundos, que son ellos, con apenas siete escaños, los que tienen la sartén por el mango y la capacidad para imponer los trágalas que en cada momento les venga bien. Aunque el ciudadano, sobre todo el afectado por las medidas que han quedado sin aprobar, no salga de su asombro, podría pensarse que el fragor de la batalla política puede llegar a propiciar situaciones tan grotescas como esta. Lo que escapa a toda lógica es que varios días después de que se produjera la votación en el Congreso todas las partes en conflicto permanezcan encastilladas en sus posiciones. Para el Gobierno sería tan fácil como trocear el decreto en cuestión y salvar junto al PP las medidas de mayor impacto social como la actualización de las pensiones o las rebajas en las tarifas del transporte. Pero ello sería reconocer una derrota política a manos de la oposición y eso no está, ni de lejos, en las intenciones de Pedro Sánchez. Prefiere, según dijo el presidente el fin de semana, buscar votos debajo de las piedras. Esas piedras son, no cabe ninguna duda, plegarse a un nuevo chantaje de Junts y recomponer una mayoría parlamentaria que a estas alturas es una ficción. Lo que menos parece importar a los unos y a los otros son los rehenes que se han quedado, por ahora, sin beneficios a los que creían tener derecho.
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