El aumento de la recaudación por impuestos ha permitido al Gobierno aprobar un nuevo plan para paliar los efectos de la guerra de Ucrania que incluye, entre otras medidas, dejar exento del pago del IVA a los productos de primera necesidad y bajar del 10% al 5% a las pastas y los aceites, incluido el de oliva. Además, se mantendrán las reducciones impositivas del precio de la electricidad y del gas, aunque se elimina desde el 1 de enero la bonificación de los 20 céntimos en el litro de gasolina y gasoil. Entendemos que el Gobierno viene avalado por el resultado de los planes anteriores, que si bien ha mantenido alto el IPC, lo ha logrado reducir desde el 10% de verano al 6,5% actual. Y es posible que aún baje más al cerrar diciembre. España es, de hecho, el país con la inflación más baja de la Eurozona, lo que se debe a medidas anteriores sobre la reducción de impuestos y a lo que ha venido en llamarse la excepción ibérica, que permitió que la factura de la electricidad no estuviese regida al 100% por el precio del gas. El coste total del plan, que incluye también un cheque de 200 euros para los hogares con más problemas y subvenciones específicas para sectores muy condicionados por el gas, asciende a 10.000 millones de euros, una cifra que en estos momentos el Gobierno se puede permitir. Hay que subrayar que, a medida que se han disparado los precios de todos los productos, el Ejecutivo también ha aumentado sus ingresos, por lo que era deseable que bajasen algunos impuestos sin comprometer a la Hacienda pública. Los partidos de la oposición también venían reclamando esa fórmula, aunque el ruido que envuelve a la dialéctica política no deje escuchar cierto consenso de fondo. Los ciudadanos aún tendrán que soportar precios altos durante buena parte de 2023, a lo que se sumará una previsible alza de los tipos de interés para aquellos que tengan hipotecas. No será un año fácil.