EDITORIAL
La Justicia y los tiempos
Un informe presentado esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) vuelve a poner el foco sobre la operación del Ministerio de Hacienda para condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas. Fue una de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña para desbloquear la investidura del Salvador Illa como presidente de la Generalitat y todavía está pendiente de aprobación por el Congreso. El organismo ha calculado que la condonación reducirá el gasto por intereses en 2.532 millones de euros en el primer año en todo el país, acumulando 15.657 millones de ahorro hasta 2030 y supondrá una mejora significativa de la sostenibilidad financiera de las autonomías. En el caso de Andalucía la condonación significaría un ahorro en intereses de 2.655 millones de euros hasta 2030, cantidad que en el primer año ascendería a 396 millones. Andalucía sería, además, la comunidad que más reduciría el total de su deuda en porcentaje sobre el PIB. De entrada, la operación dotaría al Gobierno andaluz de un escenario de mayor estabilidad financiera y le permitiría acudir a los mercados en mejores condiciones. Es cierto que ese ahorro no podría ir de forma directa a gasto corriente, pero permitiría un mayor margen de maniobra a la Hacienda autonómica. Todos estos argumentos abonarían que Andalucía se acogiera a la iniciativa con entusiasmo. Pero ha ocurrido lo contrario. Juanma Moreno ha primado la estrategia global de su partido y ha puesto por delante el origen viciado que sin duda tiene la iniciativa al responder a una exigencia más del separatismo catalán. Pero esta circunstancia no oculta que Andalucía saldría claramente beneficiada por la operación. No se comprende que, en este caso, Moreno actúe más como dirigente del PP que como el encargado por los andaluces de defender sus intereses por encima de cualquier otra consideración.
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