El respeto y la demagogia
Editorial
La campaña de Sánchez contra el empresariado es una muestra más del agónico deterioro en el que se debate el Gobierno de España
Perdido en su laberinto y dejándose jirones de credibilidad en cada declaración pública, el presidente del Gobierno ha emprendido una especie de cruzada dialéctica contra el empresariado. Pedro Sánchez busca el aplauso fácil de la izquierda más radical -mirando a unas elecciones que se le presentan complicadas- y quiere distraer la atención de líos monumentales como el de la ley del sólo sí es sí, que, en la práctica, ha puesto al Ejecutivo de coalición en situación de colapso. El último episodio de ataque tuvo lugar el pasado domingo durante un acto electoral del PSOE en Málaga. Allí, al tiempo que anunciaba que el Consejo de Ministros de hoy aprobará la subida del salario mínimo, el presidente arremetía contra la patronal porque "no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba". El planteamiento, por demagógico y por ignorar cuál es la realidad a la que se enfrentan cada día los empresarios, resulta inconcebible en boca del responsable del Gobierno de una democracia que tiene como una de sus bases sistémicas la libertad de empresa. Esta vez la patronal andaluza ha alzado su voz y ha acusado a Sánchez de traspasar las líneas rojas del respeto institucional. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, lamentó el discurso "ideológico, falso y manipulador" del máximo responsable gubernamental. Andalucía fue un ejemplo, durante el largo mandato de los socialistas en la Junta, de relaciones ordenadas entre el poder político y las organizaciones que representaban los intereses empresariales. No entender que la empresa y su libre desarrollo es un factor imprescindible para el desarrollo económico y el bienestar social es un error que no se cometió en Andalucía, pero en el que ahora cae con contumacia Pedro Sánchez. El radicalismo del que hace gala es una prueba más del profundo y agónico deterioro que sufre el Gobierno de España.
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