Actuaciones llevadas a cabo durante los últimos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez han levantado la alarma en instancias de su propio partido que hasta hace relativamente poco tiempo tenían peso específico propio, como puede ser el caso de Felipe González, o en las llamadas baronías regionales, que alejadas del ruido de los cenáculos y los medios madrileños ven la realidad española con un prisma mucho más cercano a lo que se piensa en la calle. Si ya desde el comienzo de la legislatura la cesión hacia sus socios parlamentarios y los enfrentamientos internos de la forzada coalición con Podemos eran motivos de preocupación, el acuerdo con Bildu sobre la Ley de Memoria Democrática ha roto todos los esquemas. El pacto con los herederos políticos e intelectuales de los terroristas para dinamitar los valores que consolidaron la Transición saca al PSOE de su papel de partido garante de la estabilidad constitucional para situarlo en los peligrosos extramuros del sistema. Es un lujo que España no puede permitirse y que, con sobradas razones, ha indignado a dirigentes históricos del propio PSOE, a una buena parte de la intelectualidad española y a muchas personas que pusieron su esfuerzo y su talento al servicio de la democratización de España y de la lucha contra ETA. También una parte del PSOE actual está en contra de este atentado contra la concordia, aunque la crítica interna no es ya una de las señas de identidad de los socialistas. En Andalucía, por ejemplo, contrastan las declaraciones claras y contundentes del ex presidente José Rodríguez de la Borbolla con el silencio que mantiene al respecto Juan Espadas, que tiene por delante la tarea, nada fácil, de rearmar socialmente a su partido y que por este camino difícilmente lo conseguirá. El rumbo que adopta el PSOE con medidas como la que comentamos es ya un problema político de primer orden que lo aleja de sus propias esencias. Si no lo rectifica serán los ciudadanos, como ha ocurrido en Andalucía, los que lo hagan en las urnas cuando corresponda.