Toque del Consejo de Europa por la corrupción

El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) sobre España no es positivo, se han logrado algunos avances, pero hay 19 recomendaciones que o bien se han satisfecho a medias –16 de ellas– o no se han cumplido, tres del listado. Este organismo dependiente del Consejo de Europa esperará hasta el verano de 2026 para comprobar si España tiene una intención verdadera de avanzar en las reformas legislativas para evitar la corrupción. Los incumplimientos se refieren tanto al Gobierno como a la Policía Nacional, cuerpo que, a diferencia de la Guardia Civil, aún debe implementar varias reformas. Llama la atención que la Oficina de Conflictos de Intereses aún no sea un organismo independiente, sino que forme parte del organigrama del Ejecutivo, así como que España no haya aprobado todavía un código de conducta de los altos cargos. El Congreso también tiene pendiente la ley que regule la actividad de los lobbies, aunque entendemos que la normativa se debe extender a las relaciones de estos grupos de presión con el Consejo de Ministros, puesto que buena parte de las leyes llegan hechas como tal desde el Gobierno. Lo ocurrido con el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro es un ejemplo de esto. Del mismo modo, también hay que revisar las incompatibilidades de directivos de estos grupos de cabildeo que pasan de llevar cuentas de empresas a formar parte de los gobiernos en responsabilidades que tienen relación con los sectores que antes habían representado ante la Administración. El Greco también cuestiona la extensión de los aforamientos de muchos cargos electos en España, porque entiende que en ocasiones lo que se está amparando es la impunidad. Las reformas que reclama el Consejo de Europa no solucionarán un problema que afecta a la política española y que provoca una tremenda desafección en la opinión pública, pero son imprescindibles para encauzarlo.