Sanidad pública, sanidad privada

Surgen y resurgen, de cuando en cuando, campañas y movilizaciones, orquestadas por ciertos partidos políticos, sindicatos, “mareas” y otros variopintos grupos, en defensa (dicen) de la “sanidad pública”, supuestamente amenazada de muerte por las llamadas medidas “privatizadoras” planeadas o adoptadas por determinados gobiernos. Es completamente natural, pues, que el ciudadano de a pie, sean cuales sean sus preferencias políticas, se preocupe o, incluso, se asuste ante semejante anuncio de tan radical recorte o pérdida del derecho constitucional a la protección de la salud, máxime si se topa, como yo mismo hace unos días, con un cartel convocando a manifestación con el sugerente dibujo de una tarjeta sanitaria pública hecha trizas y sustituida por una tarjeta bancaria.

De modo que, para que no cunda el pánico y para que nadie vaya a ningún acto de protesta creyendo lo que no es, hay que explicar esos aparente e intencionadamente enfrentados conceptos, cuales son la “sanidad pública”, de un lado, y las demonizadas “medidas privatizadoras”, de otro.

Lo que hoy conocemos por “sanidad pública” arranca en España en 1942 (sí) con la creación del llamado Seguro Obligatorio de Enfermedad. Hasta entonces, la salud del ciudadano era un asunto puramente individual, ajeno por completo a los poderes públicos, de modo que quien enfermaba tenía que costear su tratamiento (médico, farmacológico, etc.) y si, por falta de medios, no podía hacerlo, sólo le quedaba la caridad o beneficencia. El citado seguro (germen del actual Sistema Nacional de Salud) fue progresivamente extendido a todos los trabajadores y sus familias, y supuso un tremendísimo avance social: con él, ya no había que pagar la asistencia sanitaria que se recibiera. Esto era (y sigue siendo), qué duda cabe, lo verdaderamente importante para el ciudadano. Pero aquella gratuidad (igual que la de hoy) vino acompañada del establecimiento por la Administración de entonces de una red propia de centros, instalaciones y servicios sanitarios (que, crecidos, son los que hoy siguen existiendo), atendidos, lógicamente, por empleados públicos. Deseada o forzada por las circunstancias del momento, esa “gestión directa” (que también puede tildarse de “pública”) fue el modelo elegido para la dispensación de la novedosa asistencia gratuita. Pero había (y hay) otros modelos o fórmulas de gestión (llámeseles, si se quiere, “privadas”): sin ir más lejos, la que disfrutan (y creo que elijo bien el verbo) los funcionarios del Estado, por ejemplo, en Muface. Estos funcionarios, para recibir su asistencia sanitaria gratuita, pueden optar por la red pública o, con la misma cartera de servicios e idéntico estándar de calidad, por una serie de entidades privadas (cuyos nombres todos conocemos, pues se publicitan insistentemente en el mercado). Sea cual sea su opción, tan “sanidad pública” es para el funcionario la una como la otra, es decir, que es pública porque es gratuita.

De modo que las que ahora se denuncian y anatemizan como “medidas privatizadoras” para nada afectan, en realidad, a la esencia e identidad de esa sanidad pública (vamos, que vale, como siempre, la tarjeta sanitaria y no hay que sacar, por tanto, tarjeta bancaria alguna), sino sólo a su gestión, esto es, al dónde y por quién se dispensa en un determinado momento una concreta prestación sanitaria, si por un médico empleado público en un centro de titularidad pública, o si por un médico empleado de una entidad privada en las instalaciones de ésta (a quien, por supuesto, la Administración paga el servicio que proporciona). Este desplazamiento parcial de la gestión sanitaria (la total es materialmente imposible con 46 millones de potenciales usuarios) constituye una mera opción política, con la que se puede estar o no de acuerdo (los convocantes de las antes aludidas movilizaciones están obviamente en contra), pero en nada perjudica, más bien al contrario, al beneficiario de la misma, particularmente cuando la red pública no es capaz de dar respuesta en tiempo (ahí están las famosas listas de espera) a la cada vez más creciente demanda sanitaria (con esos miles de nuevos usuarios que cada mes llegan a España). Yo, personalmente, estoy encantado de que la cita para una prueba diagnóstica se me haya adelantado varios meses derivándome a un centro hospitalario privado, cuyo servicio, por supuesto, no lo pago yo, lo hace la Administración.