Durante cerca de cuatro décadas el PSOE gobernó en Andalucía. A lo largo de ese período se sucedieron cinco presidentes socialistas: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Casi todos los analistas concuerdan en que uno de los factores fundamentales de la hegemonía electoral socialista fue su apoyo a que Andalucía alcanzase su Estatuto de Autonomía mediante el mecanismo previsto en el artículo 151 de la Constitución, una vía más rápida que la del artículo 143 y con mayores cotas de competencias. La conciencia de que se había aplicado en Cataluña movilizó a una parte importante de la opinión pública andaluza, motivada por el deseo de no quedar en inferioridad en relación con las llamadas nacionalidades históricas. De hecho, el 4 de diciembre de 1977 se produjeron en Andalucía una serie de manifestaciones masivas a favor de esa aspiración. Desgraciadamente, Manuel José García Caparrós, militante de Comisiones Obreras, falleció en Málaga a consecuencia de un disparo policial, lo que no hizo sino conferir mayor dramatismo a la reclamación. Iniciada la campaña refrendaria, tanto el PSOE de Andalucía como los otros partidos de izquierda, PCE, PTA y PSA, propiciaron la participación y apostaron por el sí. En cambio, AP, dirigida por Manuel Fraga, y UCD, dirigida por Adolfo Suárez, sendos franquistas reconvertidos a la democracia, desalentaron la participación. El lema centrista, “Andaluz que no te engañen, este no es tu referéndum”, resultaba bastante expresivo. Con todo, en el seno de UCD hubo discrepantes. Así, el dimitido Manuel Clavero declaró que prefería ser un buen andaluz que un mal ministro (de Cultura). El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum, que requería una mayoría absoluta a favor de electores (no de votantes) en cada provincia para considerarse aprobado. Hubo que revisar los resultados en cuatro provincias y, a pesar de todo, el recuento de Almería siguió sin cumplir los requisitos. La presión política de las izquierdas andaluzas, en particular del PSOE, llevó a un arreglo de dudosa constitucionalidad para convalidar el resultado. Y en 1981 finalmente Andalucía dispuso de su ambicioso Estatuto de Autonomía. Al año siguiente salió elegido Escuredo, iniciándose la larga etapa socialista, que condenó primero a AP y a UCD y luego al PP a permanecer en la oposición. Todo había empezado por el apoyo socialista y la negativa centrista y derechista a igualar en competencias a Andalucía con Cataluña. Las tornas empezaron a cambiar con el presidente Zapatero que, como opinaba que España era una nación de naciones, derogó el Plan Hidrológico Nacional, privando así a Almería de recibir agua del Ebro, y estimuló redactar un nuevo Estatuto en Cataluña, que ya preveía privilegios económicos. No obstante, todavía el andaluz Alfonso Guerra logró que los congresistas paliasen bastantes de esos privilegios. En cambio, ahora, con el presidente Sánchez, la deriva plurinacional se ha completado. En particular, está aceptando que una Agencia Tributaria catalana recaude y gestione todos los impuestos, lo que reducirá cuantiosamente el fondo común de solidaridad interregional. En suma, está aceptando un cupo fiscal catalán bastante similar al vasco, cuyas lesivas consecuencias ya las conocemos. A diferencia del Partido Socialista Asturiano y de Izquierda Unida de Asturias, que se han opuesto a esa iniciativa, los socialistas andaluces, capitaneados por su candidata a presidir la Junta, María Jesús Montero, están apoyándola. Concederla la soberanía fiscal beneficiará a Cataluña, una región excedentaria, pero replicarla en Andalucía, una región deficitaria, perjudicaría a los andaluces. No parecen conscientes las izquierdas andaluzas de que están desandando lo que anduvieron a principios de la etapa autonómica: antes lucharon por la igualdad de todos los españoles; ahora favorecen, quizás sin saberlo, la desigualdad.
