El administrador único de Funnydent, Cristóbal López Vivar, estafó presuntamente al menos 8,8 millones de euros a un total de 2.481 pacientes cuando cerró sin previo avisó las nueve clínicas que tenía distribuidas entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona.

Así lo establece el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) en el auto en el que se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional en la instrucción del presunto delito de estafa al comprobar que hay perjudicados en varias provincias españolas. El número de afectados y el importe reclamado por los perjudicados por el cierre no justificado de las clínicas está calculado con las denuncias presentadas a fecha 12 de febrero. López Vivar cerró de forma injustificada los establecimientos el día 28 de enero y está en prisión y con las cuentas bloqueadas desde el día 31 de ese mismo mes.

Cuando se averiguó su situación patrimonial se comprobó, según el auto, que las más de diez cuentas que estaban a su nombre se encontraban en números rojos, a cero o con saldos mínimos, por lo que el día 8 de febrero se ordenó el bloqueo de las cuentas a nombre de sus seis sociedades mercantiles. Se trata de las cuentas de Exitodental S.A., Dentalsalud S.L., Laboratoria Crisan SL, Dental Salud S.L., Zona Norte S.L., Zona Sur S.L., Zona Este S.L. y Zona Oeste S.L. que, al igual que las que figuraban a su nombre, tampoco contaban con saldos positivos. También se requirió a todas las comisarías de Policía Nacional de los municipios donde Funnydent tenía clínicas que notificaran las denuncias presentadas, de forma que hasta el 12 de febrero el juzgado recibió los datos de las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz (146 denuncias), Alcorcón (99), Leganés (481), Fuenlabrada (442), Móstoles (335), Alcalá de Henares (106), Alcobendas (334) y las de los municipios catalanes de Mataró (191) y Sabadell (347).

A este número de denuncias -2.481- habría que sumar las formuladas posteriormente ante este juzgado, otros, así como en comisarías o dependencias de la Guardia Civil. En el auto de inhibición, el juez recuerda que el 12 de febrero autorizó que los afectados pudieran tener acceso a sus historiales.

De las diligencias practicadas y de la declaración del imputado, el auto resalta que el negocio de Cristóbal López Vivar generaba importantes beneficios desde su puesta en marcha en 2011, hasta el punto de que cada clínica le ofrecía ingresos cercanos al millón de euros mensuales. Sin embargo, en 2015 y tras una auditoría, López Vivar descubrió, según su declaración, que Funnydent, tenía un "agujero negro" de casi dos millones de euros, pese a lo cual continuó financiando tratamientos e, incluso, inaugurando nuevas clínicas o comprando un coche de lujo de 120.000 euros. Sin previo aviso ni a trabajadores ni a clientes finalmente cerró todos sus centros el 28 de enero. Para el juez, en este caso se dan todas las circunstancias -elevado número de denuncias y afectados en otra provincia- para que su juzgado se inhiba en favor de la Audiencia Nacional tal y como ha sucedido en otra causa, la relativa a Viajes Marsans, con más de 4.700 afectados.