Este viernes 7 de octubre entra en vigor la Ley del 'solo sí es sí' aprobada en España en agosto. Esto significa que a partir de ese día todo acto sexual sin consentimiento expreso será considerado una violación. Esta norma de garantía integral de la libertad sexual elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento libre de las mujeres en las relaciones sexuales como eje de la nueva norma.

Esta ley, impulsada por Irene Montero, ministra de Igualdad, vio la luz el 25 de agosto de 2022, cuatro años después de la sentencia de La Manada, germen de la norma, y después de un largo camino no exento de polémica, con la oposición de PP y Vox.   

Las claves de la Ley 'Solo sí es sí'

Independientemente de si hay violencia o intimidación, la nueva ley considera que todo acto sexual donde no haya consentimiento expreso es una agresión sexual, con una pena de uno a cuatro años de prisión o de cuatro a doce años en el caso de que haya acceso carnal.

¿Y, cuándo se entiende que existe un consentimiento libre? Según se define en la ley, "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.

Aunque se han quedado fuera los artículos más polémicos sobre la prostitución, sí se incorporaron enmiendas para considerar ilícita la publicidad que contribuya a promover esta práctica y reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería. 

Además, se ha incluido una pena de multa de uno a tres meses a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad.  

También se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.  

Y los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.