Cinco de los seis sindicatos que forman parte del comité de empresa (personal laboral) y junta de personal (funcionarios) del Ayuntamiento, CCOO, UGT, CTP, SIP y CSIF, ratificaron ayer ante la alcaldesa, Pilar Sánchez, y la delegada de Recursos, Ainhoa Gil, su disposición favorable a negociar la tramitación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) anunciado por la regidora como medida extraordinaria para garantizar la viabilidad a medio y largo plazo de la institución pública. Únicamente CGT, que decidirá hoy mismo si finalmente se suma o no a la propuesta -la primera de cuantas integran el Plan de Viabilidad-, expresó sus reticencias a precipitarse en un tema "de tal magnitud y que no puede ser abordado deprisa y corriendo", según aclaró su portavoz, José García. Esta celeridad del gobierno municipal, en cualquier caso, no es ni mucho menos caprichosa, sino que viene impuesta, como apuntó la propia regidora socialista en la reunión que mantuvo anteayer con las secciones sindicales, por el Estado, el cual urge a aprobar el citado Plan de Viabilidad del Ayuntamiento que garantice de una vez por todas su saneamiento, así como una puesta al día en el pago de la deuda histórica que el ente mantiene con Seguridad Social y Hacienda.

Dicho impago, ha podido saber este medio, puede ascender en la actualidad a más de 60 millones de euros que han ido acumulándose en casi las dos últimas décadas; y de no comenzar a enjugarse con carácter inmediato, como la propia munícipe admitió ante los representantes de los trabajadores, que así lo han confirmado a este medio, planea de nuevo la amenaza de altas retenciones a partir de enero en la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), la principal fuente para costear la nómina municipal; e incluso la pérdida de los 22,2 millones librados para Jerez en el Fondo Estatal de Inversión Local para 2010. Y es que, como se recordará, el decreto del conocido como 'Plan E' exige a los municipios estar al día con Seguridad Social para poder beneficiarse de la 'inyección' económica del Estado.

En todo caso, el gobierno municipal ya cuenta con el documento de intenciones rubricado por la amplia mayoría de centrales sindicales, por lo que ahora es momento de iniciar el procedimiento para la tramitación del ERTE, en el que se incluye la notificación a la autoridad laboral y el inicio de un período de consultas con los propios representantes sindicales a lo largo del cual se perfilará el contenido exacto del documento. El expediente de regulación temporal de empleo propuesto a la representación sindical, como ya se anticipó, conllevaría la suspensión del contrato laboral de los empleados que decidan acogerse al mismo -hasta 300 en una primera fase y otros 250 a partir de 2012-; y, como tal, establece la incorporación inmediata al puesto al término del plazo correspondiente.

Las condiciones que recoge la propuesta inicial realizada por el gobierno local incluyen que los empleados que se acojan al ERTE de carácter voluntario percibirán el 100% de su salario durante los dos años en los que se aplique. Esta cantidad resultará de la suma de la prestación por desempleo durante la suspensión del contrato, que significará en torno al 60% de esa cantidad y será asumida por el Inem -la alcaldesa, en sus declaraciones del pasado lunes a los medios, dijo debido a un lapsus que sería asumida por el SAE-, y un complemento que provendrá de un plan social impulsado por el Ayuntamiento que complementará la citada retribución hasta alcanzar el 100%. Al hilo de estas bases se aceptaron una serie de sugerencias como la necesidad de estudiar la posibilidad de dividir el ERTE en cuatro periodos anuales, en lugar de dos bienales; estudiar un plan de movilidad que permita optimizar la prestación de los servicios durante la aplicación del ERTE; y que la medida no conlleve externalización de servicios. La plantilla, en todo caso, recibirá hoy un comunicado conjunto de Alcaldía, Recursos y sindicatos informando del contenido del documento suscrito.