El tiempo, ese juez implacable, ha puesto las cosas en su sitio. Las primeras sentencias contra el 'catastrazo' del TSJA, donde se acumulan en torno a un millar de expedientes por la misma causa aún sin resolver, han provocado una reacción sin precedentes del gobierno municipal, que ahora intenta reconducir un asunto que se le ha puesto muy cuesta arriba, una bomba de relojería que, si no acierta a desactivar, le puede estallar en las manos.

¿Por qué antes no quisieron verlo y ahora asumen sin rechistar que el 'catastrazo' fue un error? ¿Y si no fructifica el intento de dar marcha atrás y hacer extensible a todos los jerezanos los beneficios de la sentencia cuando ya se han agotado todos los plazos legales para recurrir?

Nuevamente el tiempo dará o quitará razones, pero todo cae por su propio peso y la sobrevaloración de los inmuebles jerezanos en una media del 27% que hizo el Catastro en 2007-2008, unido a la caída del precio de la vivienda en Jerez en los dos últimos años en el entorno del 15% -un 12% según el Ministerio de Vivienda- arrojan un diferencial del 42%, en línea con la corrección que dicta aplicar la sentencia del TSJA.

Precisametne, la gran ventaja del fallo judicial -que Ayuntamiento y oposición quieren hacer ahora extensible por acuerdo de pleno al conjunto de los contribuyentes jerezanos a través de una serie de mecanismos de difícil, por no decir dudosa, aplicación- es que los valores de los inmuebles de los denunciantes se actualizan a la realidad del mercado, es decir, que además de la sobrevaloración que hizo el Catastro tiene en cuenta que la misma partió de la base de unos precios de mercado igualmente desorbitados porque la revisión se hizo en pleno auge de la burbuja inmobiliaria.

Un muestreo aleatorio de más de una veintena de inmuebles repartidos por las zonas norte, sur, este, oeste y centro de la ciudad refleja que esta valoración en exceso afectó a todo el término municipal, con porcentajes que oscilan entre el 26 y el 39% -ver plano anexo-, lo que elevaría por encima del 32% la media de la muestra, para la que se han seleccionado viviendas de entre las de cientos de jerezanos que recurrieron al alto tribunal andaluz.

El precio de mercado de referencia -por metro cuadrado- se extrae de tasaciones realizadas en enero de este año, y se observa que en una misma zona, e incluso en la misma calle, hay diferencias que superan el 10% en la sobrevaloración de los inmuebles. En el caso más extremo, el del 39% que se localiza en pleno centro, la vivienda en cuestión estaría a día de hoy valorada un 54% -diferencia entre el valor de más y el precio menos- por encima de lo que un comprador en su sano juicio estaría dispuesto a pagar.

Otro caso , de entre los sangrantes, es el de un piso, también de la zona centro, con un 36,6% más de los valores de mercado que regían en 2008, que se traduce en un 51,6% por la caída del precio en los dos últimos años. En números redondos, esta vivienda tiene un valor de tasación de poco más de 102.000 euros y, según el Catastro, su cotización asciende a más de 161.000 euros. En el caso de un local comercial de casi mil metros cuadrados en la zona norte, la diferencia entre el precio de mercado actual y el que estimó el Catastro se sitúa en 0,7 millones de euros, cantidad por la que, para colmo, el propietario tiene que pagar la larga relación de impuestos que dependen del valor catastral como el IBI o la renta, y en caso de venderlo, la plusvalía municipal, transmisiones...

En línea con lo expuesto, la primera sentencia contra el catastrazo del TSJA señala en los fundamentos jurídicos que "ni el transcurso del tiempo desde la última revisión (1990) ni las modificaciones del planeamiento urbanístico justifican una subida que equipara a Jerez en su totalidad a las zonas más exclusivas y privilegiadas de España, como pueden ser barrios de Madrid, Barcelona o San Sebastián".

Es más, prosigue la sentencia, para aplicar esta subida se exigen unos estudios previos que en el caso de la revisión catastral de Jerez "brillan por su ausencia", extremo que el gobierno local no quiso ver en su día, ya que prefirió ponerse una venda en los ojos y, en lugar de defender los intereses de los jerezanos -en el término municipal se revisaron del orden de cien mil inmuebles-, alinearse con el Catastro para únicamente revisar a la baja los casos más clamorosos en los que, según denunció en su día este periódico, se llegó a disparar los valores catastrales hasta un 600%.

Para silenciar el clamor popular, Ayuntamiento y Catastro, cerrados en banda, crearon entonces una comisión para revisar las más de 30.000 reclamaciones que se presentaron ante la Subgerencia territorial del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda al objeto de ofrecer algunas concesiones, rebajas mínimas por errores de cálculo, pero bajo ningún concepto aceptaron que al estar viciada la ponencia, todos los valores también lo estaban.

Tan culpable es el que se equivoca como el que lo defiende, y en este caso el Catastro cometió el error y el Ayuntamiento lo elevó a disparate. En conclusión, si la rectificación emprendida no conduce a ningún sitio, habrá que exigir responsabilidades al gobierno local por no haberse puesto del lado de los ciudadanos cuando aún estaba a tiempo.