EL Gobierno ha presentado las balanzas fiscales, que hasta ahora eran como el monstruo del Lago Ness: todo el mundo hablaba de ellas y nadie las había visto. El misterio no era para tanto. La primera conclusión es de Perogrullo: las regiones con más renta tienen déficit fiscal y las de menos renta, superávit. Es lo normal en un sistema fiscal progresivo, con una correcta redistribución de la riqueza. Baleares, Madrid y Cataluña son las tres más perjudicadas. Y Extremadura, Asturias y Galicia, las tres más beneficiadas. Andalucía está en el séptimo puesto de las de saldo positivo.

La segunda impresión entra en el capítulo de las sorpresas: tanto el País Vasco como Navarra tienen un saldo fiscal negativo; mínimo, pero negativo. Y en tercer lugar, algo que se daba como fijo en las quinielas: se ha producido una gran protesta de los partidos catalanes, que califican el resultado de expolio fiscal, escándalo e injusticia. Y piden que las balanzas fiscales sean la base de la modificación del sistema de financiación autonómica, a lo que se niega el Gobierno.

En contra de la doctrina catalana, Hacienda utiliza varios argumentos, pero me quedo con uno: "Las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en su balanza comercial interior". Esto significa, para que se entienda, que si Cataluña cotiza tanto al Fisco español, entre otras cosas, es porque extremeños, gallegos, asturianos, andaluces, y el resto de los españoles, compramos productos catalanes, que producen beneficios a las empresas, puestos de trabajo para los operarios y directivos de nuestro proveedor, negocio para transportistas, publicitarios, vendedores, etcétera. Y todos ellos pagan impuestos. Estoy completamente en contra de todo tipo de boicot. Pero si compramos productos catalanes estamos contribuyendo imprudentemente a aumentar el déficit fiscal catalán. Los nacionalistas lo ven como un expolio, en vez de verlo como un magnífico negocio, por el que tienen que compensar a sus clientes, entre el 6 y el 9%.

Pero las protestas catalanas no son completamente rechazables. La patronal Pimec acaba de publicar un estudio según el cual en Cataluña el empleo público es el 8% del empleo total y en Extremadura es el 22,7. La media española es de 12,6% y la andaluza del 15,3. Si piensan que ese ratio sale porque en Extremadura hay mucho menos empleo, se equivocan: en Cataluña hay 38 funcionarios por cada 1.000 habitantes y en Extremadura 82. Hay alguna cautela que poner: Cataluña dispone de una importante red de servicios educativos y sanitarios gestionados de forma privada, pero en algunos casos pagados por la Administración. Aun con todo, llama la atención el despilfarro administrativo de las regiones menos desarrolladas. Así que unas regiones y otras tienen motivos para la discreción en el debate financiero que se avecina.