Han pasado tres días y no nos hemos repuesto de Pedro Sánchez diciéndonos con cara de estadista que "todas las naciones son España". La frase más inane, seguramente, que ha pronunciado jamás un político en vísperas de una situación grave. Lo asombroso es que ése es el hombre con el que Rajoy quiere, a toda costa, llegar a un consenso para gestionar el problema catalán, pasando incluso por una comisión constitucional.

Sumemos que Rajoy también quiere sumar a Ciudadanos, partido que hizo bandera de la unidad de España, pero que en esta hora está muy preocupado por una ley para limitar los mandatos. Contra la manía de limitar mandatos escribí yo hace un año y Cayetana Álvarez de Toledo, mucho mejor, hace unos días, pero, con independencia del asunto en sí, no parece un tema del que preocuparse justo ahora y justo ellos.

¿Por qué Rajoy tiene ese empeño en ir de la mano con tales en vez de actuar de una vez él como podría y le exige su cargo? Responder a esa pregunta tiene más importancia de la que parece. La obviedad no nos deja ver el alcance: claro que es mejor la unidad de los constitucionalistas y tal y tal, pero, en el fondo, nos encontramos ante una profundísima crisis de legitimidad.

El Gobierno no se siente autorizado para defender la soberanía nacional ni por la realidad de España ni por la Historia ni por la Constitución ni por la ley ni por las instituciones ni por sus propias responsabilidades. En la España actual el único respaldo para la acción política es el consenso y la opinión pública. Incluso el art. 155 de la Constitución, o sea, un artículo de la norma máxima de nuestro ordenamiento, precisamente la que está en cuestión y que se dice defender, no se aplica porque no hay consenso ni con el de "todas las naciones son España" ni con el de "quítate tú, aunque sea por caducidad". Éstos afirman que el 155 "está demonizado" por la opinión pública. Rajoy, encantado. Él es el campeón de las prórrogas y sabe que consensuando con éstos va ganando tiempo para no hacer nada mientras se asegura un buen colchón de irresponsabilidad, difuminando la suya. El desafío nacionalista afecta a nuestro orden constitucional y mucho más allá; pero el problema de legitimidad de nuestra democracia, donde la ley, el cargo de presidente del Gobierno y la supervivencia de la nación no son capaces de sostener una acción política clara y firme, resulta todavía más inquietante.