Vivimos en un país muy peculiar, en el que los jueces pueden pronunciarse en los términos más duros contra las decisiones y los debates del Parlamento y del Gobierno, pero este último no puede criticar a los encargados de (no olvidemos) administrar la aplicación de las leyes, no de elaborarlas. Buena parte del Poder Judicial se ha manifestado, incluso investidos de sus solemnes togas para que no haya dudas, contra normas que ni siquiera habían empezado a debatirse en el órgano de la soberanía nacional, han llegado a asegurar que los gobernantes están atacando a la Constitución y la democracia, pero no resisten que se ponga en duda la rectitud de uno solo de ellos, como si fuera posible que haya desviados, comprados o corruptos en todos los gremios menos el judicial. Y no digo que sea éste el caso.

Igualmente curiosa es la actitud de partidos como el PP ante las inoportunas y tal vez indebidas sospechas lanzadas por la vicepresidenta Teresa Ribera sobre el juez García Castellón. Los populares recalcan ahora que las palabras de la ministra son de “gravedad extrema”, mientras que ellos mismos llevan varios meses empeñados en una campaña de descrédito de un órgano fundamental como es el Tribunal Constitucional, al que su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha calificado de tribunal “de parte”; de parte de los socialistas, por supuesto. También han olvidado los abundantes improperios que dirigieron, en su día, contra el juez Baltasar Garzón, que por cierto fue condenado pese a ser magistrado.

Estos son los hechos: García Castellón insiste en considerar terrorismo la actuación de los piquetes violentos del ‘procés’ en el aeropuerto de El Prat porque durante la revuelta murió de infarto un pasajero francés, y porque además se interrumpió el funcionamiento comunicaciones fundamentales. ¿Se imaginan cuántos obreros de Astilleros deberían ser considerados terroristas por sus continuos cortes del puente José León de Carranza si atendiéramos a este criterio? ¿Se puede criticar este criterio?

De todas formas, ya vivimos desde hace mucho en ese nombrado país raro, en el que ministras hablan, con soltura y supuesto sentido del humor, de la calvicie de sus opositores, mientras otras son acusadas de ir demasiado a la peluquería por antiguos dirigentes que conocieron mejores días de ironía. Ahora se ha bajado al nivel a lo más ínfimo, y sin embargo la democracia española necesita, ahora más que nunca, de aquella ‘finezza’ que echaba en falta el italiano Giulio Andreotti.