El administrador único de la empresa Motonaves Adriano S.L., propietaria del Vapor, ha roto su silencio después de varios años y tras haber publicado este periódico, el pasado jueves, un reportaje sobre la penosa situación en la que se encuentra el barco y la escasa viabilidad que tendría su posible recuperación.

Manuel Ramos reconoce que la Junta abrió a la propiedad de la nave, hace dos años, un expediente sancionador por el estado del Vapor, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y en dique seco desde que fue rescatado tras su hundimiento, deteriorándose día tras día en el solar que ocupaba el antiguo varadero Guadalete, en El Puerto. No obstante, también añade que de momento dicho expediente no se ha culminado, por lo que no puede hablarse de momento de una sanción económica. Es más, desde que se abriera dicho expediente por parte de la Junta, en diciembre de 2015, la empresa no ha vuelto a tener noticias de la administración autonómica.

No podemos ni siquiera acceder al lugar donde está el barco, está allí en precario"145.000euros. Es la cantidad empleada hasta ahora en labores de mantenimiento de la nave.

Tampoco es buena la opinión que tiene el armador de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de El Puerto, que según dice "habrán sido entre funcionarios, porque a nosotros no nos ha llamado nadie en estos dos años para reunirse con nosotros", aunque señala que el alcalde, David de la Encina, sí se puso en contacto con él hace unos días tras la publicación del reciente reportaje en Diario de Cádiz.

En las alegaciones presentadas ante la Junta, a raíz del expediente abierto, Ramos recuerda que el ex-alcalde de El Puerto Enrique Moresco "se comprometió públicamente a contribuir con 15.000 euros para sufragar los costes de reflotación. Dicha cantidad aún no ha sido abonada a la empresa armadora y mucho peor aún, están pendientes de pago cantidades adeudadas por pasajes concertados con empresas municipales desde el año 2009, -unos 1.200 viajes de ida y vuelta de 4 euros- que han sido reiteradas veces reclamadas sin éxito por Motonaves Adriano S.L.". A Moresco, en concreto, la propiedad le acusa de haber frustrado el proyecto según el cual el Adriano III podía haberse trasladado a Chipiona, con el objetivo de ofrecer paseos turísticos, gracias a unos fondos europeos que finalmente se perdieron, y todo "por motivos políticos", dice Ramos.

También recuerda que "el anterior equipo de gobierno de El Puerto -formado por PP y PA- se reunió en varias ocasiones con la Asociación Portuense 'El Vaporcito', sociedad civil formada por cinco miembros, sin acreditar solvencia y recursos económicos para exigir el proyecto de recuperar la embarcación. Sin embargo, el ex-alcalde Alfonso Candón no tuvo interés alguno en reunirse con la empresa armadora y se limitó a mandar a la Delegación de Cultura de Cádiz una carta de carácter eminentemente político al final de su legislatura".

En cuanto al actual equipo de gobierno, Ramos señala que en mayo de 2015 la propiedad del barco remitió un dossier al Ayuntamiento, presentando un proyecto para la recuperación de la nave, tras la petición de información recibida por parte del área municipal de Fomento. "Desde entonces no he tenido respuesta ni contacto alguno con el Ayuntamiento", insiste Ramos, a excepción de la reciente llamada del alcalde para mantener una próxima reunión.

El empresario afirma que tristemente "nadie ha movido un dedo por el Vapor", aunque añade que "la empresa armadora en ningún momento ha renunciado a continuar con la reparación del buque, siempre que el objeto de la misma sea la navegación como embarcación turística, adaptada a la legalidad vigente y con las implicaciones que conlleva ser un Bien de Interés Cultural por su carácter etnológico y no por su carácter técnico". Y es que por un lado la protección BIC (que ni siquiera fue solicitada por la actual propiedad) impide tocar el barco en sus aspectos técnicos, mientras que por otro lado hoy por hoy la legislación actual le impediría navegar tal y como se construyó en 1956, ya que la nave contaba con 200 plazas cuando el máximo legal es hoy de 150, y el motor diesel que llevaba sería inviable por la elevada emisión de gases contaminantes.

La propiedad, en estos momentos, sigue a la espera de que la administración competente se pronuncie al respecto, pero entre tanto tiene difícil incluso mantener lo que queda del barco en buenas condiciones, al no poder acceder al solar en el que se encuentra, propiedad de la Autoridad Portuaria y en el que está absolutamente en precario. De hecho, la propiedad asegura haber invertido en estos años unos 145.000 euros en el barco, hasta que dejaron de poder acceder al recinto y quedar la embarcación en "tierra de nadie"

Así las cosas, la empresa plantea varios escenarios. El primero que se repare el barco para dedicarlo a la navegación turística, con sede en el muelle de Las Galeras, donde fondeaba hasta su hundimiento. El segundo que sea musealizado en el terreno en el que se encuentra actualmente (siempre que se contara con las subvenciones necesarias para su rehabilitación); el tercero que se iniciara un expediente de expropiación por parte de la administración pública; y el cuarto incoar un expediente de revocación de la declaración como BIC, basado en las deficiencias técnicas que tuvo en su día dicha declaración y que finalmente ha terminado por ser más un problema que un elemento de protección para la nave.

Así mismo, la propiedad solicita que se anule el expediente sancionador abierto por la Junta, en tanto no se resuelvan las cuestiones planteadas para tratar de recuperar el barco.