El Gobierno central ha reiterado a las autoridades europeas su "preocupación" por los planes de ordenación del regadío en el entorno de Doñana en una carta en la que recuerda que la proposición de ley que el Parlamento de Andalucía ha tomado en consideración hace "peligrar" el cumplimiento de la legislación comunitaria y cuyo resultado, en caso de que la Cámara aprobara la proposición de ley en los términos actuales, estaría invadiendo la competencia estatal en materia de aguas. El Gobierno informa a la Comisión Europea de que, en tal caso, recurriría la norma andaluza al Tribunal Constitucional, de modo que su aplicación quedaría suspendida.

Este mensaje del Gobierno central a la Comisión Europea forma parte de la contestación al requerimiento del Ejecutivo comunitario que ya el 2 de febrero avisó mediante una carta de las consecuencias que tendría la aplicación de la ley presentadas al Parlamento sobre la sostenibilidad del Parque Natural de Doñana.

La directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, calificó de "desconcertante" la proposición legislativa andaluza por abrir la puerta a la ampliación de la zona regable junto al espacio natural. La advertencia del Ejecutivo de la UE consistió en avisar de que no dudaría en acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) "por segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias".

Así se dirigió Hooijer al responsable de la Representación Permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, a quien reclamó que trasladara su preocupación las autoridades correspondientes, al Parlamento andaluz. La respuesta de la Cámara fue la toma en consideración de la proposición de ley con los votos favorables del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE.

La Comisión Europea dio un mes a las autoridades españolas para que dieran explicaciones por el impulso de la reordenación de las zonas de regadío en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado que contempla la proposición de ley.

La Comisión alerta del "progresivo deterioro"

La Comisión Europea considera que la iniciativa legislativa supone la "práctica regularización" de 1.461 hectáreas, provocando un perjuicio a espacios protegidos que llevan "décadas" sufriendo un "progresivo deterioro", extremo que provocó que el TJUE condenara en junio de 2021 a España por su desatención a los hábitats protegidos por la legislación europea.

El Ministerio de Exteriores ha respondido al requerimiento del Ejecutivo comunitario en base a un informe del Ministerio para la Transición Ecológica, coincidiendo en la "preocupación" de la Dirección General de Medio Ambiente comunitaria, pues la norma andaluza tomada en consideración "hace peligrar el cumplimiento" de dos directivas europeas: la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000) y la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres y el mantenimiento de la integridad del ecosistema.

El Gobierno central comunica a la Comisión que, en todo caso, el gasto suplementario de agua en el entorno de Doñana estaría supeditado a la "autorización" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el órgano competente en otorgar "los títulos de derecho", algo que sólo puede hacerse "bajo las condiciones establecidas en la legislación de aguas vigente y a la asignación de recursos contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Argumenta además el informe ministerial que recibe ahora la Comisión Europea que, frente al planteamiento de "unas 1.500 nuevas hectáreas de cultivos que carecen en la actualidad de permisos", la aprobación de ley andaluza "desvirtuaría" las medidas que prevé el plan hidrológico del Guadalquivir (2022-2027), unas medidas que han tenido en cuenta la sentencia del TJUE de junio de 2021.

Sin opción al incremento de extracciones

Tanto la legislación como los planes actualmente vigentes en relación al regadío del entorno de Doñana, subraya como conclusión el Gobierno central, "no dan opción alguna al incremento de extracciones de agua subterránea".

Debido a que la regulación de lo anterior, es decir, la reforma de la "ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas intercomunitarias", es competencia exclusiva del legislador estatal, el Gobierno central informa a la Comisión Europea de que, en el caso aprobarse finalmente la proposición de ley en sus actuales términos, promoverá "un recurso de inconstitucionalidad" que conllevaría la inmediata suspensión de su aplicación e instaría al Tribunal Constitucional a su anulación.