El juez José Ignacio Vilaplana investiga la posible “financiación irregular” de la agencia Idea a Santa Motor con otros 69 millones de euros, en una nueva pieza que se abrió en julio de 2022 y en la que acaba de investigar a ocho personas entre ex directivos de la empresa y de la propia agencia. El magistrado de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un nuevo en la denominada pieza “Agencia IDEA III”, en la que ha acordado trasladar la imputación a estas ocho personas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la “posible ilicitud de otros instrumentos irregulares de financiación del grupo Santana Motor”, distintos del denominado convenio Massif (convenio para la creación de capacidades de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todo terreno), que se investiga en otra causa abierta en 2015.

En este caso, el instructor considera que hay tres supuestos que englobarían esa financiación irregular por ese importe total de 68,7 millones. En primer lugar, cita una “injustificada aportación” por importe de 14.466.779 euros realizada a favor de Santana Motor por la sociedad Incuba (Incubadoras de Emprendedores de Andalucía) de la agencia Idea; otros 13.585.874 euros por los anticipos para la adquisición de inmuebles por parte de Idea en favor de Santa Motor; y en tercer lugar la formalización de un “nuevo e injustificado préstamo participativo” por importe de 40.868.823 euros concedido por la agencia Idea el 15 de diciembre de 2011.

Sobre la aportación de Incuba, el juez recuerda que es la accionista única de Santana Motor SAU y realiza “con cargo a los fondos autorizados, una aportación de socio para reponer pérdidas” por importe de esos 14,4 millones mediante una transferencia. En el convenio de 28 de julio de 2011, prosigue el magistrado, se justifica la operación alegando las pérdidas globales de Santana Motor durante los ejercicios anteriores por importe de 207 millones, de modo que se trataría de una aportación de Incuba a la compañía con la finalidad de reponer parte de las pérdidas y “se identificaría, por tanto, con una operación de financiación irregular a fondo perdido, sin plazo de amortización, intereses o compromiso de devolución”, subraya Vilaplana.

En el segundo apartado, el auto del magistrado destaca la adquisición por título de compraventa de cuatro inmuebles que Santana habría transmitido a la agencia Idea por el precio de 13.585.874 euros, en el marco global de unas compraventas de 84,9 millones de euros que, según el magistrado sería de “escasa o nula utilidad económica para la agencia Idea, la cual ya habría de ser indirecta titular de los inmuebles al ser la propietaria -socio único- de Santana Motor”.

Un préstamo de 40,8 millones cuando ya estaba en liquidación y no podría dar beneficios

Y en tercer lugar estaría la formación de un “préstamo participativo” por importe de 40.868.823 euros concedido por la agencia Idea el 15 de diciembre de 2011, cuando ya Santana Motor “había iniciado su proceso de liquidación, y en el que, respecto a su vencimiento, se especifica que la devolución del préstamo quedaba condicionada a la obtención de beneficios”, cuando “difícilmente Santana Motor en la situación en la que se encontraba -en liquidación- podría obtener beneficios, por lo que la previsión al respecto se consideraría una mera ficción dirigida a encubrir una ayuda directa y a fondo perdido, de modo que no habría existido nunca voluntad de cobro ni de devolución del préstamo, pese a la efectiva realidad y vigencia del mismo”.

En el auto, el juez explica que entre 2008 y 2011 se asignaron fondos al grupo Santana Motor con cargo del convenio Massif por importe de 36.105.544 euros, mientras que en esos mismos cuatro años la agencia Idea le transfirió otros 84.998.874 euros con motivo de las compras de inmuebles, lo que supone un total de 121.104.418 euros transferidos por estos conceptos al grupo automovilístico.

El magistrado explica que considera procedente incoar esta nueva pieza para “determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la posible ilicitud” de todas las operaciones mencionadas, todo ello porque de la investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional “podría deducirse que bajo la apariencia formal de unos contratos de compraventa inmobiliaria o de préstamo se decidió en puridad disponer arbitrariamente de fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno -ni control administrativo- para beneficiar directamente a la empresa Santana Motor; lo que podría, de manera inicial y provisoria determinar la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación”, concluye.

Una posible caducidad de la investigación

Fuentes del caso consultadas por este periódico han indicado que esta nueva pieza “Agencia Idea III” podría verse afectada por la caducidad de los plazos de instrucción, una cuestión que ya se ha planteado en un recurso ante la Audiencia de Sevilla contra la pieza “Agencia Idea II” -en la que está investigado al marido de la ex directora de la Guardia Civil y que está relacionada igualmente con las ayudas concedidas a Santana Motor-.

Según estas fuentes, la defensa de algunos de los imputados plantean en ese recurso que se habrían vulnerado los plazos legales de instrucción establecidos en el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), por cuanto para calcular estos plazos habría que tener en cuenta el momento en que se abrió la causa matriz de la que se derivas estas nuevas piezas y no la fecha de incoación de las diligencias previas de éstas, lo que podría conducir al archivo de todas estas investigaciones, han apuntado.