La Junta culmina la reforma de la Intervención con una subida de sueldos
Las discrepancias entre el Gobierno andaluz y el cuerpo fiscalizador del gasto público se iniciaron hace un año
Los cambios afectan a 69 funcionarios de la Intervención General y el SAS y a entre seis y once de cada una de las provincias
Los interventores de la Junta, en pie de guerra reclamando mejoras salariales
La reforma de la Intervención General de la Junta que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz acaba de concluir con un aumento de las retribuciones de una parte de los funcionarios que forman parte de este órgano fiscalizador del gasto público. Una subida de sueldo que ha entrado en vigor el pasado día 1 y que tiene un tope máximo de 4.874 euros anuales que van a recibir los funcionarios que tengan asignadas explicitamente las tareas de “intervención”. Y que son 69 de los 171 integrantes de este cuerpo fiscalizador en la Intervención General de la administración además de otros en las intervenciones provinciales: Seis funcionarios en Almería, nueve en Cádiz, siete en Córdoba, ocho en Granada, siete en Huelva, otros siete en Jaén, nueve en Málaga y 11 en Sevilla. Se trata de personal funcionario de carrera, de nivel A1, que ocupan estas responsabilidades y que son puestos de libre designación.
En julio de 2023, el Gobierno andaluz aprobó un decreto para crear el Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, unos funcionarios de élite, más profesionalizados para la tarea de fiscalizar cada euro de gasto público a partir de ahora. La decisión fue acogida de buen grado por los afectados, que entendían que le daba una mayor categoría a un trabajo clave en la administración andaluza y que permitía una mayor estabilidad en estos puestos. Pero los cambios no han sido fáciles. Todo lo contrario.
Los interventores se enfrentaron con el Gobierno andaluz en unas discrepancias que no se habían producido nunca hasta entonces. La consejera de Hacienda, Carolina España, cesó a la interventora general y nombró a Miguel Ángel Figueroa Teva quien nada más llegar cesó a los cinco interventores de mayor rango de la Junta.
Las responsabilidades
El aumento en las retribuciones llega a determinados puestos de la Intervención General y también a la Intervención del SAS, a la Intervención de los Fondos Feder, a la de los Fondos Feader, así como a la Intervención responsable del Control Financiero permanente.
En el decreto de aprobación de esta subida, el Gobierno andaluz explica que el objetivo de este cambio es “adecuar las retribuciones de los puestos a las responsabilidades efectivamente asumidas” porque “en dichos puestos recae la competencia para decidir sobre los actos, informes y demás tareas de control en todas sus modalidades de control previo, control financiero, control de subvenciones y supervisión continua.
Unas competencias en el ojo del huracán
La tarea de la Intervención General de la Junta es fiscalizar el gasto público de la administración y de todas las entidades del sector público. Tienen encomendado el control previo, el control financiero, el control financiero de las subvenciones, así como el control de los fondos procedentes de la Unión Europea. Además tienen bajo su responsabilidad nuevas competencias relacionadas con la supervisión continua, la atención de los requerimientos de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, así como la evaluación global del funcionamiento del sector público andaluz.
Eso significa que los consejeros del Gobierno saben que sin la firma de estos altos funcionarios no se puede autorizar ningún gasto ni el pago de ningún contrato a los proveedores.
Y eso los sitúa exactamente en el ojo del huracán en la administración. Son siempre, ellos lo dicen, los malos de la película pero también quienes garantizan la legalidad en el gasto del dinero público. Tras el estallido del caso ERE, y de todos los que lo siguieron detrás (Invercaria, Avales, cursos de formación...), la Intervención General de la Junta cambió. El clima de desconfianza y preocupación por los informes a firmar provocaron un importante atasco administrativo. Ni los interventores leían a la ligera los informes, ni los cargos políticos se atrevían a apremiarlos en sus resoluciones.
El Gobierno andaluz pactó con ellos la creación del Cuerpo Superior de la Intervención para blindarlos en el futuro. Su nacimiento no ha sido fácil y está por ver que sea más operativo que el modelo anterior. La clave está en que, a pesar de su independencia, son puestos de libre designación.
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