En menos de dos semanas, el domingo 9 de junio, 6.754.636 andaluces (residan en las ocho provincias o en el extranjero) están llamados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo, junto a unos 370 millones de electores de los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Más allá de los 720 parlamentarios –15 más que hace cinco años– que se elegirán –61 de ellos en España en circunscripción única estatal–, lo que los andaluces se juegan son las políticas que han permitido financiar el desarrollo de la región en los últimos 38 años, periodo coincidente de la pertenencia de España a la UE.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más fondos de la política de cohesión desarrollada por la Unión ha recibido en España. El cálculo no es nada sencillo, porque son fondos de gestión conjunta entre la Comisión Europea y los distintos estados perceptores. Según fuentes comunitarias, una reciente estimación realizada con datos oficiales sitúa el montante global recibido por Andalucía desde 1986 en 43.400 millones de euros en fondos para la cohesión, una cuantía que casi iguala el presupuesto récord de la Junta de Andalucía para 2024.

Las fuentes consultadas recalcan que, aunque se trate de “una aproximación”, ésta es “muy fiable”. De hecho, los datos en poder de este medio desglosados por tipo de fondo y por periodo de ejecución de la programación financiera comunitaria arrojan un sumatorio que ronda los 43.000 millones de euros, aunque se trata de los principales programas (faltan algunos que no son de cohesión) desarrollados en estos casi 40 años, la mayoría coincidentes con el propio desarrollo autonómico andaluz, puesto que la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea se produjo al tiempo que comenzaba la segunda legislatura andaluza.

Los principales programas de cohesión en los que Andalucía ha recibido financiación europea son el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) –que cumplen ahora 50 años de ejecución–, los Fondos de Cohesión –que en 2024 celebran su trigésimo aniversario–, el Fondo Social Europeo, el Fondo Marítimo y de Pesca, el Fondo de ayuda a los más necesitados (Fead) y la Iniciativa de empleo juvenil (destinado a jóvenes que ni estudian ni trabajan).

Principales fondos y cuantías de financiación europea recibidos por Andalucía. Fuente: elaboración propia a partir de datos de España en la Comisión Europea.

La cuantía recibida de estos programas en Andalucía supera con mucho la de otras autonomías andaluzas. Así por ejemplo, con la misma estimación de 43.400 millones, Galicia recibió 18.500 millones, Castilla y León 14.600 o Cataluña 12.400. Una comparativa que da idea de la diferencia de financiación recibida, aunque hay que tener en cuenta que Andalucía es la región más poblada de España y la segunda con más territorio.

Los datos en poder de este periódico sitúan a los Feder como el programa que más financiación ha destinado a Andalucía, por encima de los 26.500 millones de euros. Le sigue el Fondo Social Europeo con más de 6.600 millones, el Fondo Agrario y de Desarrollo Rural, que supera los 5.800 millones. A gran distancia ya están el programa deFondos de Cohesión, que se acerca a los 2.500 millones de euros.

Esta ingente dotación de fondos ha contribuido sin duda al desarrollo económico y social de Andalucía en estos casi cuarenta años, pero el objetivo de la política de cohesión, dotar de fondos que permiten alcanzar los objetivos de convergencia entre regiones de la UE, no se ha conseguido.

Así lo suscribe el catedrático de economía Francisco Ferraro, que subraya que en el tiempo transcurrido desde 1986, “Andalucía no ha convergido, sino que ha divergido respecto de la UE en términos de PIB per cápita”.

Ferraro cita, al ser preguntado por este periódico, un dato que tiene cercano: “Sólo entre los años 2000 y 2022, Andalucía ha perdido siete puntos porcentuales de convergencia, porque ha pasado del 67,7% al 60,7% de la renta per cápita de la UE”.

La divergencia, además, es bastante mayor respecto al conjunto de países que integran la OCDE o a Estados Unidos. “En relación al conjunto de España hemos conseguido mantener la posición que teníamos, con pequeñas variaciones", explica Ferraro.

El también consejero editorial de Grupo Joly, editor de este periódico, considera que, “en términos de eficiencia, la aplicación de los fondos ha sido más o menos aceptable en sectores como la agricultura”, pero no “en los que buscaban el desarrollo económico regional”.

El uso de fondos en infraestructuras y de incentivo al empleo no lo estima este experto adecuado. “Se ha optado por una política análoga a la social, ofrecer muchas ayudas a empresas débiles, en vez de fortalecer los sectores que fuesen más competitivos”, sostiene Ferraro, que es especialmente crítico con el uso de fondos que “crearon empleo de forma efímera”. “Esto me parece un despilfarro”, añade categórico.

El catedrático cita como un ejemplo contrario el caso de Irlanda, donde se aplicaron los fondos esencialmente en educación, en vez de en infraestructuras y empleo que no permanece en el tejido productivo. “Irlanda, aun con el contexto de relación privilegiada con EEUU y de política fiscal amable con las empresas, sí ha logrado converger y superar la renta de la UE”.

Ferraro recuerda además que la responsabilidad del uso dado a estos fondos es compartida entre los distintos gobiernos estatales y de la Junta de Andalucía que ha habido en este largo periodo.