Doble etiquetado contra la especulación alimentaria

Una consumidora comprueba el etiquetado de un envase.
Una consumidora comprueba el etiquetado de un envase.
R. E. / Sevilla

03 de diciembre 2007 - 02:54

El Gobierno implantará el sistema de doble etiquetado en los productos alimenticios con el objetivo de informar a los consumidores de la diferencia que existe entre el precio en origen y el de venta final de los mismos. Un paso adelante que se da después de que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados aprobara esta semana por unanimidad una proposición no de ley impulsada por IU-ICV y pactada con PSOE y CiU.

Para la portavoz de la coalición de izquierdas en la Comisión, Montserrat Muñoz, esta iniciativa supone un "paso fundamental" para la defensa de los derechos de los consumidores y los agricultores frente a la "especulación" de las grandes empresas de distribución que, a su juicio, "no ofrecen ningún tipo de transparencia y han influido sustancialmente en el aumento de la inflación en los últimos meses".

En este sentido, la proposición no de ley aprobada insta al Ejecutivo a facilitar a los consumidores el conocimiento "con total transparencia" de cómo se forman los precios y el funcionamiento del mercado, mediante la mejora de los mecanismos de recogida de precios, la creación de un Observatorio de Precios "eficaz y operativo", así como de un marco legislativo adecuado.

Asimismo, se reclaman políticas orientadas a conseguir que los agricultores y los ganaderos perciban un "precio adecuado" por los productos que venden, que cubra los costes que les ha generado su producción y que les permita "un nivel de vida digno". Además, se hace hincapié en la creciente necesidad de "perseguir con firmeza" y eliminar las "posibles prácticas comerciales fraudulentas", entre las que destaca el mecanismo de venta a pérdidas (cuando el precio de un producto es inferior al de adquisición).

Por último, se exhorta al Gobierno a "intensificar el control de las importaciones" e impedir la comercialización de productos prohibidos en la Unión Europea (UE), con el fin de garantizar la seguridad de los consumidores "y reconocer la calidad de los productos agrarios comunitarios".

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