El camino recorrido por el colectivo de presos etarras en los últimos meses, que ha pasado de defender las posiciones más duras de la banda a reclamar un papel protagonista en el "proceso" de resolución del "conflicto", ha sido clave para llegar a la actual situación. Sin citar expresamente a los reclusos de ETA, la conferencia internacional celebrada en San Sebastián reclama a los Gobiernos de España y Francia que accedan a negociar con la banda exclusivamente sobre "las consecuencias del conflicto", o lo que es lo mismo, qué va a pasar con los presos si ETA desaparece.

Ya el pasado mes de enero, cuando ETA declaró su último alto el fuego, los presos iniciaron un debate interno, no exento de discrepancias, que dio como resultado su adhesión al Acuerdo de Guernica, suscrito por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba, que apuesta por un final de la violencia.

Un 90% de los casi 700 reclusos integrados en el colectivo de presos de ETA (EPPK) se sumaron al documento, en el que también se pedía el reconocimiento "de forma inmediata y sin contrapartidas" de los derechos de los internos.

No obstante, en un comunicado publicado en el diario Gara el pasado 24 de septiembre, los presos mostraban también su rechazo a la aplicación de beneficios penitenciarios individuales y reclamaban soluciones encaminadas hacia la amnistía.

Una posibilidad rechazada de plano por el Gobierno, que en varias ocasiones ha advertido de que la amnistía no tiene encaje constitucional.

El Ejecutivo ha dejado claro que no caben las "soluciones colectivas" y que, con la ley en la mano, los beneficios penitenciarios sólo pueden conseguirse de forma individual y después de que el recluso haya hecho una declaración expresa de repudio a la violencia y de colaboración con la Justicia.

En este mismo sentido, el ministro del Interior, Antonio Camacho, ha negado repetidamente que se vaya a producir un acercamiento masivo de presos etarras a cárceles del País Vasco.

Fue mucho más lejos el lehendakari, Patxi López, que abogó por lograr en Euskadi "un gran acuerdo para la concordia" basado en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y en una política penitenciaria "flexible" que permita el acercamiento de presos a Euskadi.

Propuesta que se comprometió a estudiar el ministro de Justicia.