CGT denuncia "arbitrariedad" en los pagos del Ayuntamiento

"No admitimos la consideración que hace el interventor en la prioridad de pago. Sitúa al personal que cobra menos en una indefensión tremenda", declaró ayer el portavoz de CGT, José García. El sindicato recordó que el pasado martes en una reunión con la alcaldesa "se nos planteó la imposibilidad de seguir abonando las partes correspondientes a las nóminas atrasadas sin finalizar con la totalidad del pago de la que resta del mes de diciembre". Tras el encuentro, los representantes sindicales mostraron su malestar por el seguimiento de la alcaldesa "a los dictados del interventor sin tener en cuenta los intereses de la mayoría de sus trabajadores, que con esta decisión ve alejarse al menos momentáneamente la posibilidad de ingreso de cantidades que al menos podrían aliviar los pagos que ocasiona la cesta mínima alimentaria". García añadió que "la segregación en el sistema de cobro es injusto y arbitrario, provoca mayores desigualdades y divide a la plantilla, sacrificando una vez a los más desfavorecidos".

El portavoz del sindicato remarcó que el interventor "no está legitimado porque cobra cantidades muy importantes, no es objetivo". De hecho, García declaró que "nos encontramos ante una situación que cuanto menos permite distintas interpretaciones, además de poner en entredicho la objetividad de las decisiones municipales que se declinan hacia los intereses particulares de las grandes fortunas del dinero público obviándose de la obligación que tienen de redistribuir la riqueza". Por todo ello, desde CGT requirieron "otros informes jurídicos a los actuales letrados municipales, ya que indudablemente entendemos están lo suficientemente capacitados para opinar con criterio sobre una decisión de magnitud impredecible para los intereses de la mayoría de la plantilla municipal, que hoy por hoy están abocados al abismo del umbral de la pobreza".

Ante esto, el sindicato exigió a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que "aplique su cuota de autoridad también en cuanto a las decisiones que afectan o perjudican a la mayoría de sus trabajadores y retome la decisión del abono lineal mientras no haya lo suficiente para abonar la totalidad, pero siempre con prioridad para los que menos perciben.