"Revocamos la resolución apelada, dejamos sin efectos la decisión de reputar los hechos denunciados delito leve y la incoación de juicio por delito leve y en su lugar, ordenar la continuación en la tramitación de las presentes diligencias previas por delito". La Audiencia Provincial de Cádiz permite iniciar la instrucción del 'Caso Yaco' por delito de maltrato animal, objetivo que se marcó la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (Apadevi).

Yaco murió en septiembre de 2018. Solo y abandonado en el Residencial El Ángel. Seis años antes, un vecino y la protectora ‘No me abandones’ dieron la voz de alarma ante la crítica situación en la que se encontraba el animal. Nada se pudo hacer. El fallecimiento de este labrador despertó la indignación de vecinos y colectivos animalistas. 

La protectora jerezana lo denunció como delito leve, pero a la vez Apadevi lo había presentado como delito de maltrato animal. El pasado mes de junio prevaleció el procedimiento de la asociación, que preside María Girona, porque de la otra forma "realmente no se enjuicia la muerte de un animal, sino un abandono, como si lo hubieran dejado en la esquina”.

"Todo pequeño paso en la lucha judicial en defensa de los animales es mucho. Cualquier avance nos da una bocanada de aire. La Audiencia me da la razón. Efectivamente no es un delito leve, y que la muerte de un animal por desatención de su propietario debería enjuiciarse como un delito de maltrato animal", declara Girona tras el auto de la Audiencia Provincial. Sobre el documento, la presidenta de Apadevi reconoce que "el auto es brillante, bien motivado. En dos ocasiones me ha sorprendido muchísimo la Audiencia Provincial". 

"Ahora estamos en el punto de partida. Este auto llegará al Juzgado de Instrucción y se abrirán las diligencias previas y esto nos permite solicitar pruebas, testigos...", explica Girona. Cabe recordar que esta asociación no sólo denuncia por la muerte de Yaco, sino también por una perra que el mismo dueño tuvo con anterioridad, 'Canela', y que murió en condiciones similares. "La pena es de 6 a 18 meses de prisión por cada perro", subraya la letrada.