Jerez

Este lunes comienza el juicio por los contratos de la trama Gürtel con el Ayuntamiento de Jerez

Francisco Correa, durante su declaración en un juicio. Francisco Correa, durante su declaración en un juicio.

Francisco Correa, durante su declaración en un juicio. / Juan Carlos Cárdenas (EFE)

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Las contrataciones que realizó el Ayuntamiento en 2004 para promocionar la ciudad en la edición de la Feria Internacional de Turismo de aquel año, unas adjudicaciones que recayeron en empresas de la denominada trama Gürtel, serán juzgadas desde este lunes por la Audiencia Nacional.

El juicio, tras unas diligencias que se iniciaron en 2008, se desarrollará durante 17 sesiones que están fijadas a lo largo de este mes de junio, julio y septiembre. En el banquillo se sientan nueve acusados, entre ellos los principales responsables de las empresas así como varios técnicos y ex técnicos municipales.

¿Qué se juzga?

Esta causa analiza tres lotes de contratos realizados con dos empresas de Francisco Correa por parte del desaparecido Instituto de la Promoción de la Ciudad (IPDC), un órgano que estaba vinculado al Ayuntamiento, para la organización de la promoción y actos de Jerez la edición de Fitur de 2004 —por entonces gobernaba María José García-Pelayo (PP)—.

Aquella edición se recordará porque Jerez no ya porque Jerez tuviera un portentoso estand propio en la feria turística sino por haberse celebrado un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y un recital flamenco en el parque de El Retiro.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, estos acuerdos se adjudicaron directamente a estas empresas sin permitir que otras pudieran presentar ofertas y que los expedientes administrativos correspondientes se hicieron una vez finalizada la Feria, aunque en los documentos se apuntaran fechas anteriores a la cita turística.

Estas diligencias son una de las piezas en las que se dividió la voluminosa investigación judicial por las vinculaciones de las empresas de Francisco Correa con administraciones gobernadas por el PP. Hasta la fecha ya se han juzgado varias piezas, entre ellas la más importante, la denominada ‘1ª época 1996-2004’ que provocó la posterior moción de censura contra Mariano Rajoy.

¿Quiénes son los acusados?

Son nueve las personas que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional. Entre ellos se encuentran el que la investigación policial y judicial ha situado como cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo.

Ambos, actualmente, están encarcelados por otras piezas de la trama Gürtel que han sido ya juzgadas. Correa acumula casi 77 años de cárcel por el fallo de la primera época de la trama Gürtel así como por otras tres piezas, la última juzgada hace apenas unos meses por unos contratos realizados con Aena, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos. Pablo Crespo, mientras tanto, acumula 55 años de prisión por otras tres sentencias. Junto a ellos se sentarán otros dos empleados de la firma así como cinco técnicos y ex técnicos municipales.

¿Quiénes son y qué piden las acusaciones?

Según el auto de apertura de juicio oral firmado por el magistrado José de la Mata en enero de 2016, las acusaciones están conformadas por el Ministerio Fiscal, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), la asociación Ángel Luna y el ex concejal socialista de Boadilla del Monte (localidad madrileña donde se inició la investigación de la trama) Pablo Nieto Gutiérrez.

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de prevaricación, de fraude a las administraciones públicas, de falsedad cometida por funcionario público y de falsedad de documento mercantil. Para cada uno de los acusados piden penas entre cinco y siete años de prisión, además de 25 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público.

Unos contratos sin responsabilidades políticas

No habrá ningún responsable político de aquella época sentado en el banquillo aunque sí acudirá como testigo la entonces alcaldesa María José García-Pelayo, que llegó a estar imputada por esta causa. También ha sido citado el ex concejal del PP Bernardo Villar.

Durante la investigación, el juez José de la Mata entendió que la ex regidora debía ser investigada María José García-Pelayo por lo que pidió al Tribunal Supremo que abriera causa contra ella. Este trámite fue necesario porque, por aquel entonces (corría el año 2015), García-Pelayo era senadora y, por ende, era aforada.

El Supremo aceptó la petición y abrió sus correspondiente causa pero tiempo después la archivó al entender que, aunque fueron palpables las irregularidades en el procedimiento de contratación, no apreció indicios de que la ex alcaldesa tuviera conocimiento y, participara de ilegalidades.

La última maniobra de una de las acusadas

Hace dos semanas se conoció que una de las acusadas, vinculada a las empresas contratadas, había enviado a principios de abril un escrito a la Fiscalía donde aseguraba aportar “pruebas” del presunto conocimiento de García-Pelayo de los hechos. Así, aseguraba que hubo reuniones y que la entonces alcaldesa, incluso, visitó las instalaciones de la empresa de Correa en los días previos a la Feria de Turismo. Las afirmaciones, acompañadas por diversa documentación, fue aceptada por la Fiscalía quien solicitó a la Audiencia Nacional la reapertura de la causa contra la ex alcaldesa y actual diputada en el Congreso.

Semanas después, la Audiencia Nacional rechazó la petición de la Fiscalía alegando que no era la instancia judicial adecuada por lo que instaba a hacerlo ante el Supremo.

La recusación de los jueces

Además de la compleja investigación de la trama Gürtel, que derivó en varias piezas separadas, el proceso judicial, ha habido otra circunstancia que ha retrasado la celebración de esta vista —la Audiencia Nacional ordenó la apertura de juicio oral a principios de 2016—.

En esta y otras piezas vinculadas a la trama Gürtel, las acusaciones han puesto en duda la imparcialidad de los magistrados que debían enjuiciarlas por lo que reclamó que se apartaran a varios de los asignados. En el caso de Jerez, las partes presentaron incidente de recusación contra Concepción Espejel y Enrique López, petición que fue aceptada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —con un voto particular contrario del entonces juez y ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska—. También fue recusado con posterioridad Juan Pablo González.

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