El Consejo Regulador y su ex presidente, Antonio Fernández, recurrirán la sentencia por la que se condena a la institución del vino a indemnizar al también ex consejero andaluz de Empleo tras declarar su despido improcedente. Los abogados de ambas partes han anunciado ya el recurso ante el juzgado de lo Social número 3 de Jerez, cuyo titular estimó parcialmente la denuncia presentada por Fernández al declarar la improcedencia de su despido, que el expresidente solicitó con carácter subsidiario a la nulidad, no concedida por el juez.

Frente a la resolución judicial, que cuestiona la idoneidad del tipo de contrato suscrito por Fernández como presidente y su extinción -aprobada por el pleno del vino durante la estancia del ex consejero de Empleo en prisión preventiva por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos-, el Consejo Regulador considera que el modelo de contrato de obra o servicio es el que mejor se ajusta al perfil del presidente del vino y que el momento del cese vino marcado por la imposibilidad de Fernández de atender sus obligaciones tras su ingreso en prisión.

El juez interpreta que, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, en caso de privación provisional de la libertad cabía la suspensión del contrato, no así su extinción, pero según las fuentes consultadas por este periódico, el Consejo entiende que la suspensión implicaba una complicación añadida, ya que a la salida de Fernández de prisión se habría encontrado con dos presidentes en activo.

Tras conocer la decisión del Consejo Regulador, el abogado de Antonio Fernández ha anunciado que también recurrirá al TSJA para pedir la nulidad de su despido, que el juez desestimó al entender que la decisión del Consejo no vulnera los derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, ya que responde a efectos prácticos por la imposibilidad de ejercer el cargo desde la cárcel y a una cuestión de marketing relacionada con la imagen de la institución.