El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández, presentó en marzo del pasado año una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar las dificultades de dicho colectivo a la hora de desarrollar su actividad profesional en los CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) de Jerez, Cádiz y Algeciras, dependientes de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

En la queja presentada, el Colegio de Graduados se hacía eco de que “las sedes de estos centros de mediación mantienen un carácter inadecuado para el ejercicio profesional de este colectivo, ya que ni existe plataforma telemática para las citaciones, lo cual tiene un coste desorbitado para dicha Consejería en correos, y con una total falta de personal para llevar a cabo su cometidos”.

“Es más, las citaciones que deben ser proveídas en el plazo de 15 días en los procedimientos de despido, suelen exceder de este plazo, y las partes tienen que acudir directamente a los Juzgados sin el acta de conciliación preceptiva, para evitar la caducidad de la acción; teniendo que proveer el Juzgado correspondiente la suspensión del proceso hasta tanto no se le remita la correspondiente certificación de la conciliación, las cuales, en muchos casos, se emite certificación de no haberse podido celebrar la misma, con el consiguiente perjuicio para el justiciable pudiendo ser archivados los autos”, afirmaba José Blas Fernández.

Igualmente, desde el colectivo lamentaban que estas sedes carecían de ‘Sala de Profesionales’ donde previamente pudieran “concretar y acordar las posturas de los derechos de quienes representamos. Es decir, no existe la ubicación de ninguna sala donde podamos, los profesionales, reservadamente y no en la calle, intercambiar pareceres y opiniones sobre la materia a tratar (estas salas existieron y fueron reutilizadas para el funcionariado en general)”.

Tras la admisión a trámite de la queja por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, con fecha 10 de mayo de 2021 se solicitó el correspondiente informe a la delegación territorial competente. Un informe que tuvo entrada en la institución en junio de 2021.

Desde la Delegación de Empleo se aclaró, en cuanto a la inexistencia de una plataforma telemática para las citaciones, “que no existe obligación legal de que las citaciones se realicen de forma electrónica”. Aun así, “desde hace meses, la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de esta Consejería ha iniciado la implantación de un Sistema de notificación electrónico para los CMAC (programa notific@), en cuyas pruebas ha participado esta Delegación Territorial”. A lo que añadieron que “hay problemas legales para su puesta en marcha, dado que las notificaciones tienen que ser realizadas de modo fehaciente y al día de hoy no existe obligación legal de las empresa y de los ciudadanos de poseer un correo electrónico para realizar notificaciones, ni de facilitar el mismo a las Administraciones Públicas”.

Igualmente, en el informe, Empleo hacía constar, en lo referente al personal, que “no se puede decir que existe una ‘total falta de personal’. Significando en este sentido que en el CMAC de Cádiz el personal se compone de un jefe de departamento, una letrada conciliadora, dos jefas de negociado y tres auxiliares administrativos. En el CMAC de Algeciras el personal es de una letrada y un administrativo. En el CMAC de Jerez el personal es de un letrado y un administrativo”.

En cuanto a la inexistencia de una sala de profesionales, “no existe obligación legal de dotar a los mismos de una sala”, añadía, entre otras aclaraciones.

Finalmente, tras analizar toda la documentación recibida por ambas partes, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha emitido una resolución este mes de marzo. En primer lugar, sugiere a la delegación territorial de Empleo que "promueva las medidas que fueran necesarias para la implementación de los recursos de índole tecnológico que procedan, a fin de implementar soluciones técnicas efectivas que permitan la comunicación electrónica de las citaciones a los interesados en los procedimientos que se siguen en los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de esa provincia”.

En segundo lugar, el Defensor reclama que, con arreglo a los principios generales que deben observar las Administraciones públicas en su actuación, “por parte de esa Delegación Territorial se promuevan las medidas que fueran necesarias para ordenar adecuadamente, en los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de esa provincia, sus recursos personales, así como disponer de apropiados recursos materiales para garantizar la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tienen encomendados, y en los que se incluye el contar con un espacio adicional que permita las reuniones previas de los profesionales que intervengan en estos procedimientos”.