El fallo del ERE municipal supondrá un gasto extra de 6,7 millones al Consistorio

La aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 260 empleados puede suponerle al Ayuntamiento un gasto adicional de 6,7 millones de euros al verse obligado a aumentar las indemnizaciones, ya que pasan de los 20 días por año trabajado que corresponde a un despido procedente a los 45 de uno improcedente. Esta cuantía es una estimación realizada por este periódico en base a los datos incluidos en el fallo del Alto Tribunal andaluz donde se recogen pormenorizadamente tanto el salario diario como la antigüedad de cada uno de los despedidos, magnitudes necesarias para hacer el cálculo.

El gobierno local no ha querido pronunciarse públicamente sobre la cantidad que requerirá para cubrir la totalidad de la indemnización establecida alegando que ha solicitado una aclaración de la sentencia para saber si debe abonar los 45 días por año trabajado a todos los incluidos en el ERE o solo a los que fueron despedidos bajo el criterio de evaluación, que ha sido anulado por el Alto Tribunal andaluz al entender que se ha aplicado de una manera arbitraria. Mientras, los sindicatos se apresuraron desde el momento que se conoció el fallo a asegurar que el expediente le supondrá un gasto al Ayuntamiento que supera los 22 millones de euros, aunque esta cifra no ha llegado a pormenorizarse.

Cuando el gobierno local ejecutó el ERE, indemnizó a los afectados con 20 días por año trabajado al entender que fue un despido objetivo por causa económica (se alegó la difícil situación financiera del Consistorio). En ese momento tuvo que desembolsar unos 5,3 millones de euros en concepto de indemnizaciones, unas cuantías que ya recibieron lo afectados. Asimismo, recibieron entonces junto con la carta de despido el correspondiente finiquito (el salario del mes hasta el día de despido, la parte proporcional de las pagas extraordinarias pendientes, los días de vacaciones y los 15 de preaviso por la rescisión del contrato, que el Ayuntamiento optó por abonar), una cuantía total que no se ha apuntado públicamente por ninguna de las partes pero que es muy inferior a las indemnizaciones.

Por tanto, en el caso de que finalmente tenga que abonar los 45 días a todos los despedidos, el Ayuntamiento tendría que desembolsar unos 6,7 millones de euros aproximadamente. Asimismo, esta cifra se reduciría notablemente en el hipotético caso de que el TSJA declarase que solo se deben abonar los 45 días a los despedidos por el criterio de evaluación.

Según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento no tendrá que traspasar aún esta cuantía debido no solo a la aclaración de la sentencia que ha pedido el gobierno municipal sino fundamentalmente al recurso de casación que los sindicatos tienen previsto presentar ante el Tribunal Supremo. De este modo, y a diferencia de las empresas privadas, el Ayuntamiento no está obligado a consignar en depósito esta cuantía en el juzgado sino que podrá esperar hasta que la sentencia sea firme.