A mediados de 2011, la Guardia Civil logró desarticular una banda que se dedicaba al robo de cobre y de acero a gran escala en el sur de España. Sus dos primeros robos conocidos fueron en la planta termosolar de San José del Valle, aunque se le atribuyeron también, al menos, otros 13 más; y no sólo de cableado sino también de vehículos y de otros materiales que encontraron en naves industriales y explotaciones agrícolas. Incluso, llegaron a atracar una gasolinera de La Barca de la Florida.

Sin embargo, al final la justicia únicamente ha podido condenar a una persona por estos hechos, concretamente al responsable de una chatarrería domiciliada en Sevilla que compró parte del material sustraído. Otras tres personas más llegaron a sentarse en el banquillo, aunque fueron absueltos. En cambio, no pudieron juzgarse a otros 12 presuntos implicados ya que continúan en paradero desconocido.

Las diligencias judiciales recayeron en un juzgado de Jerez dado que el primer robo se perpetró en San José del Valle. Y el juicio se celebró, nueve años después, en la sede jerezana de la Audiencia Provincial. Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de año y medio de prisión al único condenado por un delito continuado de receptación, aunque se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas debido al retraso acumulado en las diligencias judiciales. 

Tal y como se recoge en las sentencias tanto de la Audiencia Provincial como del Supremo, entre enero y junio de 2011 se le atribuyeron a una banda unos 14 robos perpetrados en San José del Valle, Jerez, Algar, Aguilar de la Frontera (Córdoba), Talavera la Real (Badajoz), Arriate (Málaga), Húevar (Sevilla) y Córdoba, entre otras. Y en julio, la Guardia Civil informó de la operación en la que detuvo a 24 personas, la mayoría de nacionalidad rumana, de los que 16 fueron imputados judicialmente. Sobre cinco de ellos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez decretó ingreso en prisión de manera provisional, aunque quedaron en libertad poco después. Entonces se apuntó que se había logrado recuperar seis turismos, recuperado otros 12 vehículos y habían localizado seis toneladas de cobre, otras tres de acero y 800 kilos de plomo.

El juicio se celebró en septiembre de 2020

Finalmente, el juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial en Jerez, se fijó para octubre de 2019, pero debido a la incomparecencia de dos de los acusados, no pudo hacerse hasta septiembre de 2020. Antes, el Juzgado tuvo que declarar en rebeldía a 12 de los investigados por encontrarse en paradero desconocido. De hecho, uno de los que sí acabó sentándose en el banquillo tuvo que ser detenido hasta en dos ocasiones para poder notificarles las decisiones que iba adoptando el juzgado instructor.

Tanto la Audiencia Provincial como el Supremo han ratificado que el único condenado en esta causa compró el material robado y conocía la procedencia ilícita del material teniendo en cuenta las grabaciones telefónicas de conversaciones que mantuvo en los meses en los que ocurrieron los hechos. De hecho, en una de ellas llegó a advertir al interlocutor de que la Policía estaba investigando. 

Mientras tanto, dos de los otros tres enjuiciados fueron absueltos ya que, aunque compraron materiales a algunos de los investigados en esta causa, “no queda acreditado” que pudieran conocer su procedencia ilícita. También fue absuelto el cuarto acusado por falta de pruebas de su presunta vinculación a la organización que cometió los robos.