El número de lanzamientos practicados en Jerez durante el pasado año se situó en mínimos históricos. Según los datos hechos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) este miércoles, durante el pasado año se ejecutaron 83 lanzamientos. El número es casi la mitad de los contabilizados en 2023, que ascendieron a 154 en el partido judicial jerezano.

De estos, 45 fueron consecuencia de procedimientos surgidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos mientras que unos 25 se hicieron por procesos de ejecución hipotecaria. El resto fue por otro tipo de procedimientos. Mientras, 13 estuvieron motivada por otras causas. El número es el más bajo desde que el Poder Judicial empezó a publicar este tipo de datos en 2013 dentro de sus informes trimestrales sobre la afección de las fluctuaciones de la actividad económica y especialmente por los periodos de crisis.

En esta estadística se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que se acuerde o la fase en que éste se encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una vivienda.

Según estas estadísticas, el mayor número de lanzamientos se realizó en 2018, cuando se alcanzaron las 259 en el partido judicial jerezano. Mientras tanto, durante los años más duros de la crisis del covid (2020 y 2021) las cifras se redujeron ostensiblemente, aunque seguían por encima del centenar (109 y 126, respectivamente), para repuntar en 2022, que finalizó con 154 procedimientos. 

El descenso en Jerez va en consonancia con la notable bajada en el conjunto de Andalucía, donde el número de lanzamientos se redujo en 33,8% en comparación con el año anterior. Según los datos publicados por el TSJA, un 66,5 por ciento de los lanzamientos, 2.961, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que el 25,5% se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 353 restantes obedecieron a otras causas.