Lebrero y Martínez se echan las 'culpas'

La intensidad de las declaraciones -desmayo incluido del encartado Francisco Lebrero, que incluso forzó la asistencia por parte de sanitarios- fue tal que ayer tan sólo declararon en la Sección Octava de la Audiencia Provincial dos acusados: el propio Lebrero y María del Carmen Martínez, ex concejales ambos del gobierno de Pilar Sánchez, que se responsabilizaron mutuamente de la subvención a TISA.

Los dos delegados acabaron echándose las 'culpas' acerca de qué delegación gestionaba las ayudas para la implantación de empresas en el PTA. Lebrero dijo que era la Delegación de Medio Rural la que gestionaba dichas ayudas si bien la responsable de dicha delegación desde 2007, María del Carmen Martínez, lo negó y dijo justamente lo contrario, que quien gestionaba dichos asuntos era el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que dirigía Lebrero como vicepresidente: "Yo me hacía cargo de las empresas cuando ya estaban en el PTA, además carecía de presupuesto para ayudas", dijo Martínez.

Vista las evasivas lanzadas por los dos ex políticos en sus interrogatorios, hasta la mismísima presidenta de la Sala, la magistrada Lourdes Marín, tuvo que intervenir para pronunciar una pregunta que por simple que parezca tenía una importancia vital: "¿Pero alguien debería de ser responsable? ¿no?". Así se lo preguntó a Carmen Martínez, ex responsable municipal del área Rural, momentos antes de que señalara que el responsable de buscar empresas y asentarlas en el PTA era el IPDC. Todo ello no evitó que la presidenta de la Sala espetara que "se están ustedes echando la pelota del uno al otro".

Todo ello, como ha quedado dicho, entró en contradicción con lo respondido por Lebrero al tribunal una hora antes, cuando dijo desconocer los motivos por los que había dos informes sobre TISA cuando lo normal es que hubiera uno. Las acusaciones sostienen que el primero tan sólo le daba 9 puntos y el segundo el máximo, 14, después, presuntamente, de que se hubiese presionado para ello. "No sé por qué había dos informes ya que no era mi área de competencia. Era otra delegación la que llevaba el asunto". Lebrero dijo que no intervino en las valoraciones que se hicieron sobre la idoneidad de que la empresa entrara en el PTA. Tanto Lebrero como su ex compañera de Gobierno Carmen Martínez señalaron que no disponían de consignaciones presupuestarias para subvenciones", así como de poder para entregarlas.

Desde la defensa, Juan Pedro Cosano intenta hacer ver que no eran dos informes sino un informe y una ficha, algo que ayer también quedó en entredicho. Igualmente, destacó que en el PTA había empresas que nada tenían que ver con el sector agroalimentario, de áreas tales como informática, consultoría, diseñadora de campos de golf o un laboratorio de sanidad (aunque en este caso sea animal y vegetal).

Cosano, abogado de Pilar Sánchez, destacó que "toda empresa que se establecía tenía derecho a subvención", en mayor o menor medida según los puntos alcanzados en el baremo. Es por ello que solicitó a los magistrados que no tengan en cuenta la "libre concurrencia" que según la Fiscalía se ha visto conculcada en este proceso conocido 'caso PTA'.

Lebrero apuntó igualmente que él nunca se metía en el trabajo de los técnicos, así como que Pilar Sánchez jamás le llamó en relación con TISA.

La declaración de Carmen Martínez dio mucho de sí, sobre todo a la hora de entender la dejadez de la gestión. Así, aseveró ante los magistrados que no se estudió la normativa en la concesión de las subvenciones por compra de suelo en el PTA, así como que tampoco conocía el acuerdo de valoraciones para las empresas 'aspirantes'. Igualmente, señaló al tribunal que no tenía relación alguna con el primer informe (en el que TISA recibe 9 puntos) "pues cuando se hizo yo ni siquiera era delegada de Medio Rural".

Otro punto curioso de la sesión fue cuando se interrogó a la ex delegada acerca de las razones por las que Salvador Rubio, conocido como el capataz de viña, fue quien firmó un informe acerca de la conveniencia de que TISA tuviera una subvención de 244.000 euros cuando se asentase en el PTA. Negó en todo momento que forzase a Salvador Rubio a firmar el informe. La historia de los hechos viene a ser la siguiente según Carmen Martínez. Jesús Parra, jefe técnico, elabora un informe pero se niega a firmarlo. Las razones las aportará él cuando testifique. Busca un técnico para firmar y es su secretaria la que busca a Salvador. "Él se ofrece", dijo la ex delegada, "después de que yo se lo pidiera.

Sobre la formación del capataz dijo que creía que era un técnico, ya que "tenía despacho" si bien sus labores estaban en el marco de contratar luz y agua para el PTA, ordenar el abono de la viña de la entrada o buscaba mobiliario. "Yo creía que estaba cualificado", dijo. "Si lo hubiera sabido no lo habría firmado".