La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha recibido a lo largo del pasado año peticiones de más de 35.000 personas que requirieron su intervención.

Tal como recoge en su informe anual, publicado el pasado 20 de marzo, en 2023 “se ha batido el récord histórico de quejas nuevas, más de 9.600, un millar más que en el ejercicio anterior, y entre las que se incluyen las emprendidas de oficio, unas 70, en las que elevamos la mirada más allá del interés particular, persiguiendo el beneficio de la comunidad en los diversos impactos a sus derechos”.

Los datos de Jerez

En el caso concreto de Jerez, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz registró un total de 201 quejas, firmadas por 253 personas. El dato demuestra que se han disparado las reclamaciones que recibe la institución por parte de jerezanos, ya que han aumentado casi un 35% en comparación con el año anterior, es decir, 2022.

A nivel provincial, Jerez lidera las peticiones de mediación del Defensor, con un 17% de los casos. Por detrás quedan otras ciudades como El Puerto, con 169 quejas; Cádiz capital, con 148; o Algeciras, con 106.Del mismo modo, la ciudad se sitúa en quinto lugar a nivel andaluz en cuando a reclamaciones. Los cuatro núcleos que la superan son, por este orden: Sevilla capital, con 1.171 quejas; Málaga capital, con 469; La Roda de Andalucía (en Sevilla), con 209; y Granada capital, con un total de 208.

El abultado número de quejas es, en todo caso, natural teniendo en cuenta que Jerez es la quinta ciudad de Andalucía en cuanto a población se refiere.

No obstante, es cierto que las 201 reivindicaciones registradas este año en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es la cifra más alta de la última década. un récord que acaba con el último de 2021 cuando se presentaron 169.

Maeztu, pendiente de La Asunción

En el caso concreto de Jerez, la oficina del Defensor abordó asuntos de muy diferente índole. Uno de los temas tratados a nivel andaluz fueron las subvenciones destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de quienes residen en barriadas obreras cuyos inmuebles presentan carencias que inciden en su calidad de vida y que no pueden ser acometidas con recursos propios.

Sin embargo, esta inversión “no está siendo satisfactoria” en el caso de la intervención en el barrio de La Asunción en Jerez de la Frontera, según el defensor. Se trata de un espacio que fue Declarado Área de Rehabilitación Integral mediante Orden de 27 de marzo de 2020, y en virtud del cual se suscribió un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento como entidad colaboradora, para regular las condiciones y obligaciones de las partes.

Desde la institución que dirige Maeztu se explica, a modo de resumen, que del Ayuntamiento de Jerez “se puede decir que es el intermediario entre las personas destinatarias de las subvenciones y la Consejería (de Fomento) en lo que a aportación y justificación de documentación se refiere”. En este punto, añade que en julio “se recibieron numerosas quejas que ponían de manifiesto que algunos de los edificios incluidos en la subvención se encontraban muy retrasados en las obras programadas, temiendo sus propietarios que pasara el tiempo sin concluirlos y con el temor del consiguiente reintegro de las subvenciones, dado que estaban imputadas al programa operativo FEDER que no permite más prórrogas”.

Entonces, entre las causas de esta situación “estaba lo que denominaban una ‘falta de información y transparencia’ sobre los términos de la subvención y las obligaciones contraídas, un exceso de confianza en la asociación de vecinos que se ofreció a ser mediadora con la administración de cuanta documentación tuvieron que tramitar para la contratación, y gestión de las obras”.

“Ante los perjuicios que estimábamos en la Defensoría que se les podía causar a estas familias, en el contexto de la queja 23/5576, se solicitó información a ambas administraciones sobre su conocimiento de la situación detectada y las posibles actuaciones para solucionar esta problemática”, explica la oficina.

La respuesta oficial

Sin embargo, a juicio del defesor, “en el informe remitido por el Ayuntamiento de Jerez, en fase de análisis, no se aporta con suficiente claridad las actuaciones que como entidad colaboradora hubiesen sido necesarias para solucionar algunos de los problemas detectados con el tiempo suficiente para evitar llegar al final de la subvención sin que todos los edificios pudieran justificar la totalidad de las obras”.

Es más, se recalca que “se detectó la ausencia de personal del ayuntamiento en el barrio y solo al final del periodo se abrió una oficina que según los vecinos/as carecía de competencias técnicas para asesorarles”.Por su parte la Delegación Territorial “manifestó la disponibilidad de todo el equipo técnico para revertir la incidencia de la falta de ejecución de las subvenciones concedidas a cada una de las comunidades del barrio, estando en permanente contacto con las personas afectadas, si bien tampoco adoptaron medidas en coordinación con el Ayuntamiento para la misma finalidad”.

Además, “tras visitar el barrio con vecinos y vecinas se pudo constatar que estas obras no concluirían en el tiempo estipulado, teniendo además repercusión el estado incluso a nivel de fachada o instalaciones que la llegada del invierno y las lluvias que pudieran acaecer, incidieran en el interior de las viviendas”. “Desde la Delegación Territorial nos transmitieron que estaban buscando soluciones a través de un presupuesto adicional que permitiera finalizar las obras proyectadas”, concluye el informe.

El ruido, un problema vecinal

Por otra parte, son habituales las reclamaciones que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz relacionadas con problemas de ruidos y molestias causadas a vecinos por parte de actividades relacionadas con el ocio.

En este caso, un establecimiento hostelero es el protagonista del expediente 23/8470, admitido pocos días antes del cierre del año 2023 y en tramitación a fecha de redacción de este Informe Anual, “aún a la espera de recibir el informe solicitado”.

Desde la institución, se explica que la afectada, residente en Jerez, “se quejaba del ruido que hacía años venía sufriendo en el interior de su domicilio procedente de un bar que estaba justo en el local debajo del mismo. Sobre dicho local se había practicado en 2018 un ensayo acústico por la Unidad Móvil de Medida de la Contaminación Acústica de la Junta de Andalucía, con resultado desfavorable en ruidos transmitidos al interior de recintos colindantes”.

Sin embargo, tras el ensayo desfavorable, el Ayuntamiento de Jerez “no había desplegado actividad disciplinaria, por lo que la afectada optó por acudir a la vía judicial civil contra el titular del establecimiento, obteniendo una sentencia favorable a sus intereses que declaraba que los ruidos, humos y olores transmitidos a su vivienda excedían los niveles permitidos y constituían una intromisión ilegítima en su intimidad, perturbando su vida personal y familiar en el ámbito domiciliario”.

Dicha sentencia condenaba al titular de la actividad a adecuar e insonorizar el local conforme a la normativa administrativa aplicable.

Esta sentencia, ya firme, “no se había cumplido por el condenado, ante lo que la afectada presentó en el Ayuntamiento un escrito en el que pedía que se tuviera en cuenta para una resolución administrativa, pero ni había tenido respuesta ni tampoco se había incoado expediente alguno pese al resultado desfavorable del ensayo acústico de 2018”.

Por todo ello, “admitimos a trámite la queja excluyendo la cuestión judicial entre particulares pero asumiendo el resultado del ensayo acústico de la Junta de Andalucía a los efectos de las competencias municipales de policía de actividades y control del ruido”.

“No una actividad acústica sino la acumulación de muchas de ellas en una concreta zona fue el motivo de las quejas que dio lugar a los expedientes 23/0846 y 23/4066”, concluyen, al respecto.