Pelayo avisa de que "no cederemos ante el chantaje y las amenazas"

"Aquí no vamos a ceder al chantaje y a las amenazas". Con estas palabras la alcaldesa, María José García-Pelayo, daba respuesta a la concentración que protagonizaron los trabajadores de Urbaser ante el Ayuntamiento y a los actos vandálicos que se han vivido en las dos últimas noches en la ciudad. La regidora popular condenó los hechos porque "los desencuentros en una negociación en ningún caso se pueden manifestar a través de la violencia, ni cometiendo delitos contra los bienes de todos los ciudadanos, bienes que todos vamos a tener que pagar". En este sentido, sólo en el día de ayer se quemaron alrededor de 60 contenedores, una cifra que hay que sumar a los 70 que desde el Ayuntamiento contabilizaron en los primeros 18 días de huelga. "Esto supone un coste para el Ayuntamiento, es decir, para los bolsillos de los ciudadanos, porque cada uno cuesta entre 900 a 1.000 euros", anunció García-Pelayo.

"Este gobierno tiene la obligación de velar por el interés general de la ciudad y no por el de un colectivo determinado. Estamos alineados con la ciudad, y el Ayuntamiento tiene muy claro que, al igual que los ciudadanos, que con sus impuestos pagan las nóminas de los trabajadores de Urbaser, se aprietan a diario el cinturón en sus casas, los trabajadores, la empresa y el servicio también lo tienen que hacer", apuntó García-Pelayo. La alcaldesa, junto a los tenientes de alcalde Antonio Saldaña, Javier Durá, Enrique Espinosa y Felisa Rosado, pidió "normalidad" para un servicio que a partir del próximo años tendrá un presupuesto "ajustado a las posibilidades económicas del Ayuntamiento". Cabe recordar que la reducción en un 20% del presupuesto municipal llevó a Urbaser a presentar un ERE para 125 empleados y a iniciar un periodo de negociación para evitar los despidos. En este sentido, García-Pelayo manifestó su deseo de que ambas partes acerquen posturas para llegar a un acuerdo por el bien de la ciudad indicando "que la empresa ha trasladado -por ayer- al comité la necesidad de ahorrar 4,5 millones de euros, que supone la reducción salarial de un 12%, mientras que los trabajadores no quieren que se les toque la nómina y sea Urbaser la que asuma la diferencia, y luego se lo cobre al Ayuntamiento. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola". Ante esto, la alcaldesa recalcó que "asumiré cualquier acuerdo alcanzado que pase por el ahorro planteado por el Ayuntamiento, pero sin que sea el Consistorio el que ponga el cheque en la mesa".

Ante un escenario en el que por día se acumulan unos 300.000 kilos de basura orgánica, la popular reiteró que "este gobierno local no va a hacer nunca dejación de sus responsabilidades. Por ley tenemos la obligación de garantizar la salubridad en la ciudad, y además, tenemos una obligación moral. No podemos permitir que mientras que los jerezanos tienen más de tres mil toneladas de basura en la calle, nosotros miremos hacia otro lado", añadiendo además que "aquí no caben cobardía de ningún tipo. Los ciudadanos tienen un gobierno con las ideas claras y sabe cuáles son sus obligaciones".

Con el operativo para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos "en activo" -es decir, el Ayuntamiento mantiene a la empresa Tragsa en la ciudad-, la alcaldesa lamentó las últimas declaraciones de la Junta en las que reiteran que "no hay riesgo para la salud pública". "Ya no esperamos nada de la Junta en este conflicto. Tengo muy claro que con ella o sin ella, esta ciudad va a salir hacia adelante", apuntó García-Pelayo, quien dijo además que "no voy a entrar en polémicas, simplemente lamentar, desde el punto de vista institucional, que tengamos unos gobernantes en Andalucía que se califican con sus declaraciones. Demuestran que no tienen los pies en la realidad, que no saben lo que se está viviendo en Jerez y que anteponen la creación de un problema de partidos, antes que resolver los problemas de la ciudad".

Por último, la regidora popular recordó que desde el Ayuntamiento "se han hecho todos los esfuerzos" para que empresa y comité lleguen a un acuerdo en la negociación. "Pero insisto -dijo la alcaldesa- no vale decir que se van a bajar ahora los sueldos, pero que dentro de un año hay que devolverles el dinero. Dígame ¿qué bajada de sueldo es esa?". Lo cierto es que la ciudad vivió ayer una nueva noche de contenedores ardiendo y fue testigo de dos reuniones entre comité y concesionaria en las que Jerez volvió a ser la más perjudicada.