El pleno municipal ha dado su visto bueno a la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al año 2017, el documento económico que recoge el cierre contable tanto del Ayuntamiento como de las empresas municipales. Este ejercicio arrojó un superávit presupuestario de unos cuatro millones de euros y se cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Ahora bien, si el gobierno presentó un cierre contable que corrobora, a su juicio, que la situación económica del Ayuntamiento ha entrado en una "senda de mejora”, el Partido Popular lo negó alegando las carencias que arrastran los servicios públicos y la falta de ejecución presupuestaria.

La delegada de Economía, Laura Álvarez, afirmó que estas cuentas muestran “el cambio de rumbo de la economía municipal con una gestión rigurosa, transparente y austera, con una mejora de los servicios de la ciudad y sin llevar a cabo medidas traumáticas”. Para sustentarlo, hizo mención de algunas magnitudes reflejadas en este cierre contable, además del superávit en el consolidado de todos los organismos municipales, como la liquidación presupuestaria positiva o los números negros de las cuentas de las empresas municipales.

En cambio, el concejal del Partido Popular Jaime Espinar achacó estos resultados a la “falta de ejecución” de los presupuestos. Así, le reprochó al ejecutivo que “solo se invirtió un 8% del presupuesto de Urbanismo, en vivienda se dejó un 60%; la partida para el mantenimiento de vías públicas se quedó en más de la mitad y en políticas de empleo ni la mitad”. Incluso recordó que en 2017 el Ayuntamiento recibió “más de 300 millones de euros” de líneas de ayudas “del Gobierno central del PP”.

La responsable de la hacienda local achacó esta falta de ejecución a que el Ministerio “retuvo cinco meses el presupuesto”, una situación que provoca que “se ralentice la ejecución presupuestaria”. La aprobación del presupuesto municipal de 2017 conllevó un enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento ya que la administración central reclamó inicialmente un notable recorte en los gastos. Eso sí, la negociación y el intercambio de informes entre ambas administraciones hasta alcanzar un acuerdo duró poco más de mes y medio (la aprobación inicial del documento fue un 8 de abril y la definitiva un 30 de junio, una vez recibido el visto bueno de Hacienda).

Por su parte, Ciudadanos mostró su inquietud por la existencia en las cuentas de unos “datos preocupantes”. El portavoz de la formación, Manuel Méndez, hizo mención del incremento de la deuda total del Ayuntamiento en ese año (unos 973 millones, 31 más que en 2016), y a los importes de la deuda de dudoso cobro por parte del Ayuntamiento (aproximadamente 110 millones, unos 38 más que en el ejercicio anterior).

Ante esto, Laura Álvarez anunció que su área va a iniciar un proceso de depuración de facturas para apartar de la contabilidad “aquellas que no deben estar ya” y que, a su entender, penaliza los tiempos medios de pago del Ayuntamiento, que actualmente supera el año en liquidar las obligaciones con los proveedores.

La cuenta general de 2017 salió adelante gracias a la abstención de los grupos de la oposición. 

Declaración institucional contra la violencia de género

La sesión plenaria comenzó con la lectura de una declaración institucional en defensa de la lucha contra la violencia de género que fue leída por la delegada de Igualdad, Ana Hérica Ramos.

En este sentido, se expresó el apoyo a "las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias, así como su seguimiento, con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres”. Así, se mostró el rechazo “a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación”.