El Ayuntamiento de Jerez ha solicitado casi 140 millones de euros al Ministerio de Hacienda para pagar sentencias desfavorables desde que en 2015 se le permitió afrontar estas obligaciones mediante líneas de crédito. Ahora bien, el próximo año este importe se le podrían sumar unos 9,6 millones más tras el pleno municipal celebrado en la mañana de este lunes donde se ha aprobado solicitar a la administración central un nuevo crédito para liquidar los pagos generados por fallos judiciales que ya son firmes o se prevé que lo serán en los próximos meses.

Como ya informara este medio la pasada semana, el gobierno municipal llevó al pleno celebrado esta nueva solicitud al Ministerio de Hacienda para acogerse un año más a las líneas de crédito habilitadas en los últimos años para dar liquidez a los ayuntamientos con problemas financieros, el llamado fondo de ordenación. La Delegación de Economía estima que el próximo año requerirá de unos 19 millones de euros de esta medida de rescate para las entidades locales; ahora bien, en este momento solo tiene que tramitar la petición para los 9,6 millones que afrontará para liquidar sentencias judiciales adversas. El resto, ya autorizado por Hacienda e incluido en el plan de ajuste municipal, irá destinado a atender vencimientos de otros créditos y devoluciones de ingresos recibidos de más del Estado.

La propuesta presentada por el gobierno fue respaldada por los dos ediles de Adelante Jerez y por Ganemos Jerez. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra. De este modo, a lo largo del próximo año, y una vez reciba el visto bueno del Ministerio (este martes es el último día para tramitar la petición), se suscribirá el crédito, aunque el importe es una estimación a día de hoy puesto que en él se incluirán las sentencias que en el momento de la formalización hayan adquirido firmeza.

Desde que el Ministerio de Hacienda creara el fondo de ordenación en 2015 y permitiera el pago de sentencias con esta herramienta, el Ayuntamiento ha solicitado 139,4 millones para este fin, según los últimos datos publicados por la administración estatal. Para el próximo año, será el segundo importe más bajo que pida tras 2016 (donde solo formalizó unos 4,2 millones por este concepto). En este año, mientras tanto, ha suscrito más de 27,8 millones.

Aunque su grupo municipal se posicionó a favor de la propuesta, Raúl Ruiz-Berdejo (IU) volvió a reclamar que se adopten soluciones para resolver el “problema estructural” del Ayuntamiento. Al respecto, dijo: “Es una deuda impagable y ya habría que empezar a hablar de condonación o deuda perpetua o siempre estaremos echando el balón hacia adelante”.

Por su parte, Manuel Méndez (Ciudadanos), tras apuntar que la abstención de su grupo va encaminada a “no bloquear por responsabilidad” estos pagos, reclamó al ejecutivo que aclare cómo pagará las obligaciones financieras que tendrá que asumir a partir de 2024 (unos 40 millones de euros anuales) cuando en los últimos años la recaudación obtenida por el Ayuntamiento “no ha superado los 200 millones”.

Mientras, Jaime Espinar, en representación del PP, acusó al ejecutivo de llevar al Consistorio a una “espiral diabólica” y de incurrir en un “fraude de ley” al entender que se está obligando a los proveedores a recurrir a la justicia “como medio de pago”. Así, tras reprocharle al ejecutivo que esté “judicializando la economía”, incidió en que está “comprometiendo” el futuro económico del Ayuntamiento con estos créditos.

La sesión plenaria fue cerrada por la delegada de Economía, Laura Álvarez, quien defendió una vez más que el Ayuntamiento continúe adhiriéndose a estas líneas de crédito asegurando que estas han supuesto un “ahorro de 19 millones” en intereses y han permitido “el pago a proveedores”. Tras advertir de que “los problemas estructurales” han sido “provocados por 30 años de gobierno anteriores”, insistió en que se está trabajando con el Ministerio en dar “soluciones” al problema endémico de la economía municipal.

No obstante, aprovechó para cargar contra al PP al que le reprochó por un lado, que haya “judicializado” la política “con denuncias que ha acabado perdiendo” y, por otro, que no apoye en el Congreso “las medidas que plantea la ministra de Hacienda”. “Hemos generado certidumbre; en cambio, genera incertidumbre que no se pague la Seguridad Social de los trabajadores del Ayuntamiento o a la Agencia Tributaria”, sentenció.