Carles Mulet, senador del grupo Izquierda Confederal (donde están integradas formaciones como Adelante Andalucía, Compromís o Geroa Bai, entre otras) ha presentado una iniciativa en la Cámara Alta donde plantea que se le pida al Ayuntamiento de Jerez que informe si ha adoptado acuerdos para retirar símbolos franquistas de la vía pública. Esta misma propuesta ha presentado este representante en Cortes, vinculado a la formación valenciana Compromís, con casi un millar de municipios de toda España.

En el caso de Jerez, Mulet señala cinco elementos que aparecen en un mapa interactivo realizado por el creativo Eduardo Morcillo titulado ‘El gran tour del franquismo’, donde se apunta que en España hay más de 5.000 símbolos que incumplen la Ley de Memoria Histórica.

Entre los elementos señalados al considerarlos “símbolos franquistas” se encuentra el monumento a Miguel Primo de Rivera en la plaza del Arenal, aunque en la propuesta el senador comete un importante error al confundirlo con su hijo José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange.

También menciona la fachada de la puerta principal del colegio Isabel La Católica, en la barriada de La Plata, así como los escudos franquistas que aún hay en la parte superior de la sede de la Escuela de Arte, en la céntrica calle Porvera.

En la iniciativa parlamentaria también se menciona una lápida honorífica a los “caídos” del bando nacional que está en la tumba del comandante Salvador Arizón en el cementerio municipal. Finalmente, alude al monolito de homenaje al regimiento de artillería antiaérea nº74 que se instaló en 2015 en un espacio ajardinado de la calle Taxdirt.

En la petición, el representante de Compromís reclama que el Senado le solicite al Ayuntamiento de Jerez una copia de las “actas de acuerdos del pleno u órganos de gobierno competente, en los cuales se aprueba la retirada de este símbolo o elemento para cumplir así con la ley 52/2007 (es la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura).

Sin embargo, meses atrás el gobierno local dio a conocer un informe donde anunciaba que no prevé retirar el monumento dedicado a Miguel Primo de Rivera al considerar que no está afectado por esta legislación. En este sentido, se apunta que este es un monumento construido en 1929 y dedicado a este militar que estuvo al frente de una dictadura entre 1923 y 1930. En cambio, la normativa andaluza establece que su ámbito de aplicación va desde la proclamación de la Segunda República (1931) hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1982.