El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP), como sindicato miembro de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA), ha informado de que su Federación autonómica ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Privada que se tramita en el Parlamento, en el momento que la citada Ley sea aprobada definitivamente. Desde el sindicato apuntan que "la seguridad pública corresponde y compete, por imperativo constitucional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por tanto, ni los vigilantes de seguridad privada ni los guardias rurales pueden dedicarse a la seguridad pública. Los policías locales estamos convencidos de que el actual proyecto de ley puede suponer una privatización de la seguridad en los espacios públicos inaceptable por nuestro ordenamiento jurídico".

En la carta remitida a Becerril, la Federación declara que "resulta absoluta y jurídicamente inaceptable facultar a los vigilantes de seguridad privada y guardas rurales a la prestación de servicios en espacios o vías públicas; en espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma; a participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".