El fiscal pide al Supremo investigar a Pelayo por los contratos con Gürtel

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra causa contra la ex alcaldesa María José García-Pelayo por las contrataciones que el Ayuntamiento hizo en 2004 con empresas vinculadas a la trama Gürtel para la edición de Fitur (la Feria Internacional de Turismo de Madrid) de ese año. De este modo, la sala de admisión del alto tribunal deberá decidir en próximas semanas si, tal y como ya le había pedido también el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, investigue a la ex regidora por un delito de prevaricación por unas adjudicaciones, cuya cuantía rondó los 350.000 euros, y que estuvieron plagadas de irregularidades (no hubo concurso público, las empresas sabían de antemano que serían las beneficiarias, los expedientes se montaron finalizada la muestra...).

El ministerio fiscal entiende, en contra de lo que opinan las defensas, que el delito de prevaricación no ha prescrito porque su presunta responsabilidad no acabó con la adjudicación sino que también hay que tener en cuenta que, con posterioridad, autorizó los pagos que se hicieron a las empresas.

A mediados de junio, el juez de la Audiencia Nacional envió una exposición razonada al Tribunal Supremo al entender que era este órgano judicial quien debía continuar con las diligencias ya que veía indicios delictivos en la actuación de María José García-Pelayo -dada su condición de senadora, disfruta del privilegio de ser aforada por lo que solo puede ser investigada por esta instancia judicial-. Tras esto, y tal y como marca el procedimiento, la sala de admisión inició los trámites y solicitó la opinión de la Fiscalía para que se pronunciara al respecto. La respuesta ya está en manos de este órgano y avala, por el momento, la tesis mantenida por el juez instructor de la Audiencia Nacional. Eso sí, esta sala deberá decidir en próximas semanas no solo si imputa a la ex alcaldesa sino también si asume la totalidad de la causa. Hasta el momento, hay siete imputados, entre los que se encuentran dos trabajadores municipales (José Agüera y Lourdes Montenegro), varios responsables de las empresas contratadas (Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela) e Isidro Cuberos, que medió entre el Ayuntamiento y las sociedades en las contrataciones. Pero la Audiencia Nacional entiende que pudo haber un responsable político en todas estas irregularidades, señalando así a la ex alcaldesa, por lo que considera que esta pieza debería investigarse y enjuiciarse en una sola. En el caso de que el Supremo no lo acepte, solo investigaría los actos donde participó García-Pelayo, concretamente los trámites administrativos que aprobó con su firma para la adjudicación de los trabajos así como las posteriores autorizaciones para el pago de las facturas.

El Ayuntamiento de Jerez recurrió a empresas de la Gürtel para el montaje y explotación del estand que tuvo ese año en la Feria de Turismo y para la organización de una exhibición ecuestre en la Plaza Mayor y un espectáculo de flamenco en el Parque del Retiro.

Tras conocerse el informe de la Fiscalía, el PP emitió un comunicado donde volvió a insistir en la predisposición de García-Pelayo a declarar ante el Tribunal. De hecho, aseguró que ya ha presentado una nueva solicitud para acudir al tribunal de forma "voluntaria". En este sentido, la formación recordó que ya se solicitó en junio junto a una "batería de pruebas" y la declaración de algunos trabajadores municipales como la del antiguo secretario del Ayuntamiento, de funcionarios y de otros "responsables" de la tramitación del expediente administrativo". Asimismo insistió en que la participación de la ex regidora en estas contrataciones se limitó a "la ratificación y firma de los documentos del expediente en cumplimiento de las obligaciones de su cargo".