Los administradores llegan a Rumasa

Los administradores designados por la titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, en la declaración de concurso voluntario de acreedores de las bodegas -Complejo Bellavista, Zoilo Ruiz Mateos, Valdivia y Teresa Rivero- y la distribuidora de bebidas -Unión de Grandes Bodegas (UGB)- de Nueva Rumasa en el Marco desembarcarán hoy en los respectivos centros de producción para los que han sido nombrados.

Hasta el momento, está confirmada la presentación de los administradores de Complejo Bellavista -los mismos que se hacen cargo del concurso de UGB- y los de Zoilo Ruiz Mateos, mientras que se desconoce cuando llegarán los abogados y/o economistas asignados a las otras dos bodegas, para los que la juez declaró concurso por el procedimiento abreviado.

En la primera toma de contacto con los directivos y trabajadores de los centros de producción, los administradores darán las primeras instrucciones y se procederá a la apertura de la cuenta intervenida, entre otros detalles habituales en el inicio de los procesos concursales, que en el caso de las bodegas del Marco, y a diferencia del resto de las empresas de Nueva Rumasa concursadas -Dhul, Carcesa...-, se desarrollarán por separado al no quedar demostrada la existencia de un grupo empresarial.

Precisamente, desde el bufete de abogados Cosano, que representa a Nueva Rumasa en los concursos de las bodegas, recordaron ayer que lo fundamental del auto de declaración de los concursos es que la administración de las empresas se mantiene en manos de los actuales gestores al no poderse acreditar que la familia Ruiz-Mateos es la propietaria última de las mismas, pese a que es público y notorio.

En este sentido, Juan Pedro Cosano subrayó que el rechazo a la solicitud del concurso conjunto dictado por la juez por este motivo contrasta con "el espíritu de la información sesgada" difundida por la agencia EFE la víspera y en la que se interpretaba que la familia Ruiz-Mateos oculta al juzgado información del reparto del capital social en sociedades con sede en el extranjero que controlan las bodegas y de sus equipos directivos.

En este sentido, Cosano puntualizó que la única información que falta por remitir al juzgado, para lo que tienen de plazo hasta el lunes, es de carácter técnico-contable, en concreto, aseguró el abogado, la juez ha solicitado detalles sobre el inmovilizado material, señalar las fechas concretas del vencimiento de créditos y las cuotas impagadas de créditos bancarios, así como algún dato contable más.

"No es cierto que se oculte la propiedad de las empresas" como afirmaba EFE en su información, explicó el representante legal de Nueva Rumasa en el proceso, quien recordó que en los autos de declaración de los concursos de las bodegas aparecen los nombres de las sociedades y sus titulares, cuyas sedes están en el extranjero, sin que esto sea un delito.

En cuanto a la ausencia de datos explícitos sobre los miembros de los equipos directivos, a los que también aludía la información difundida por la agencia de noticias, Cosano significó que "ciertamente no damos los nombres de los apoderados y los directivos, pero pueden consultarse en las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social y en el registro Mercantil".

En su aclaración sobre la información difundida por EFE, y en línea con la respuesta ofrecida el martes por un responsable de comunicación de Nueva Rumasa, el letrado recalcó que "en ningún momento ha existido intención de ocultar nada al Juzgado", pues cuando se presentó el concurso en marzo, la juez dictó una providencia pidiendo una justificación de la solicitud del concurso acumulado cuando entendía que eran empresas distintas, no un grupo empresarial".

"Entonces alegamos que, en última instancia, todas las empresas son propiedad de los Ruiz-Mateos, pero es lógico que la juez no se deje llevar por lo que es público y notorio, de ahí su decisión de declarar concursos por separado", apostilló Cosano.