Jerez fue el segundo municipio con mayor número de incendios forestales en la campaña del último año –hasta septiembre–, seis frente a los 10 registrados en Tarifa, que ocupó el primer puesto del ranking provincial, donde resultaron calcinadas más de 269 hectáreas según el balance realizado por el comité provincial del Plan Infoca 2022.

La acción humana es la principal causa detrás de estos incendios, de los que más de un tercio (37%) son intencionados, mientras que el 27% tiene un origen accidental y el 25% se deben a negligencias.

En España, sólo en la primera mitad de 2022, se quemaron 122.000 hectáreas en uno de los peores años de incendios forestales, problema que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyó a la situación de emergencia climática que vive el planeta.

El grave incendio forestal de Castellón de las últimas semanas, el primero de la nueva ola que empieza a azotar al país con 5.000 hectáreas calcinadas y 1.600 personas evacuadas, al que en los últimos días se han sumado decenas de incendios en Asturias y Galicia, han hecho saltar las alarmas por el adelanto de la temporada de incendios a marzo, fruto del cambio climático, que obliga a replantearse la planificación contra incendios de los meses de verano.

Algunas comunidades autónomas, entre ellas la andaluza, han anunciado ya un cambio de estrategia por temor a otro verano negro de incendios forestales, frente a los que Asaja-Cádiz reclama flexibilidad de las administraciones para facilitar las labores de limpieza del monte y permitir la quema controlada en las explotaciones agrícolas frente a un “proteccionismo excesivo que lleva a destruir la biodiversidad”.

“Los montes están muy cargados y necesitamos que la Administración, la central, la autonómica y la local, deje a los propietarios de los montes limpiar combustible, porque al final tenemos un polvorín que es imposible controlar cuando salta la llama; ya nos ha pasado y al final arden miles y miles de hectáreas sin que se pueda hacer nada”, señala el presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, quien alerta de que “la limpieza se hace en invierno, no en verano, por lo que ya vamos tarde”.

El déficit de lluvias y el combustible acumulado en el monte y las explotaciones agrícolas multiplican el peligro de incendios

El líder agrario recuerda que en una provincia como la de Cádiz, entre el 70 y el 80% de la superficie forestal está en manos privadas, y su limpieza requiere de ayudas públicas por su alto coste, convocatorias que “deberían tener una frecuencia mayor, cada año o cada dos años a lo sumo, pues si hay 100 millones disponibles para cinco años, siempre es preferible cinco convocatorias de 20 millones que una sola con todo el importe”.

En el caso de Andalucía, y tras un intervalo de siete años entre las dos anteriores convocatorias -2012 y 2019-, la Junta publicó una nueva convocatoria en 2021, dotada con 40 millones de euros, que aún no se ha resuelto definitivamente.

A más demora en la resolución, más riesgo de que prenda la llama, advierte Asaja-Cádiz, desde la que hacen un llamamiento a la Junta de Andalucía para que acelere el proceso, ya que “si hay resolución ahora, estamos a tiempo de trabajar algo, un par de meses, pero lo que no podemos es hacerlo en mayo”.

La organización agraria reclama flexibilidad, pero también agilidad, pues “no puede ser –indica Gallardo– que a la mínima incidencia como una sanción administrativa o una multa de tráfico, por pequeña que sea, te tiren para atrás la solicitud de ayuda, cuando luego generalmente se subsana con un recurso de reposición, por lo que se pierde mucho tiempo que se puede aprovechar para trabajar en la prevención de incendios”.

Al riesgo alto de incendios forestales, peligro que se multiplica por el gran déficit de precipitaciones en los últimos meses –hasta el 12 de diciembre llovió bien, pero desde entonces no se llega ni a los cien litros por metro cuadrado– dentro del actual ciclo de sequía, se unen las restricciones a las quemas controladas en terrenos agrícolas, práctica tradicional con la que se eliminaban rastrojos, malas hierbas y demás residuos, combustible que se acumula en el campo y que sirve de mecha para la propagación del fuego.

Precisamente, el municipio jerezano también sufrió a mediados de julio del año pasado uno de los peores incendios de los últimos años, declarado urbano, aunque tuvo su origen en una zona de pastos entre Lomopardo y La Ina. El rápido avance de las llamas, avivadas por fuertes rachas de viento de levante y que se cobraron la vida de decenas de animales, obligó al desalojo de numerosas familias en la zona rural y en el casco urbano.

La Junta ha anunciado una excepción a la obligatoriedad de que establecen los ecoregímenes de la PAC de dejar cubiertas vegetales -es decir, más combustible para el campo- en cultivos permanentes como el viñedo o el olivar, muy extendidos en la campiña jerezana y la provincia, pero aún no se ha desarrollado la orden que la ampara y para la que Asaja-Cádiz también pide celeridad.