Ninguno de los cuatro grandes circuitos de España que albergan las principales pruebas de mundo del motor (Jerez, Montmeló, Motorland y Cheste) es rentable. Puede darse, como ha ocurrido con el jerezano, que haya años que hayan podido cerrar con números negros en sus cuentas de resultados. Sin duda, los 1,5 millones de euros anuales que le inyecta el Ayuntamiento y el hecho de que no tenga que asumir el coste total del canon de la principal competición que acoge contribuyen a ello.

A día de hoy, no hay trazado que no atraviese una delicada situación económica, un problema endémico agravado por las restricciones para la celebración de eventos decretada durante el pasado año debido a la pandemia del coronavirus. Y no ha habido trazado que en algún momento haya necesitado del rescate millonario de su principal accionista justificándolo, claro está, en el impacto económico que tiene en su territorio un equipamiento de estas características.

Ahora bien, si tras Montmeló, Aragón o Cheste están fundamentalmente sus respectivos gobiernos autonómicos, Jerez tiene la peculiaridad de que su máximo accionista es el Ayuntamiento. La Junta de Andalucía tiene también una parte del accionariado (poco más de un 30%), pero no participa en su gestión.

Eso sí, sería injusto afirmar que el gobierno autonómico no aporta nada al trazado. Todo lo contrario; si no fuera por los cerca de cuatro millones de euros anuales que abona a Dorna por patrocinar el Gran Premio de España de Motociclismo, difícilmente el Circuito podría asumirla el coste de la prueba pues ya, de por sí, le resulta un importante esfuerzo la parte que abona (unos dos millones de euros hasta 2019, aunque en 2020 no tuvo que hacer aportación).

No obstante, el anuncio realizado por el vicepresidente autonómico, Juan Marín, el pasado lunes en Jerez donde mostró la predisposición del ejecutivo andaluz a implicarse en la gestión de Cirjesa no es baladí. El gobierno municipal afirmó ayer que está dispuesto a sentarse con la Junta, pero le exige que desde un principio diga hasta dónde quiere llegar (“¿cuántas acciones quiere?”, llegó a decir la alcaldesa, Mamen Sánchez).

En este contexto, este medio ha analizado cómo se implican los gobiernos autonómicos en sus respectivos circuitos. Monetariamente, la Junta de Andalucía paga más solo por el Gran Premio que lo que aporta regularmente el Gobierno de Aragón o la Generalitat Valenciana al sostenimiento económico de los trazados de Alcañiz y Cheste, respectivamente. Ahora bien, estas administraciones sí han salido al auxilio de las sociedades que gestionan estas instalaciones cuando así lo han necesitado mediante préstamos o ampliaciones de capital. Barcelona es un caso singular, tanto por sus números como que ha llegado a tener hasta condonaciones de deuda.

El coste del canon de las pruebas de alta competición

Uno de los mayores costes que tienen estas instalaciones es el coste que supone albergar de una prueba de alta competición. Los cuatro principales trazados españoles comparten Moto GP (a partir del año próximo tendrán que rotar, por cierto), una prueba cuyo canon suele superar los cinco millones de euros anuales. Montmeló cuenta, además, con la Fórmula Uno, cuyo coste se dispara hasta los 25 millones, según algunas fuentes.

A la singularidad de que Jerez sea un circuito gestionado por un ayuntamiento se une que es el único de los cuatro españoles que no financia la totalidad del Gran Premio. Como es sabido, Cirjesa paga una parte y el resto va por cuenta de la Junta, que suscribe un contrato independiente con Dorna (aunque las negociaciones se hagan a tres bandas). En cambio, el resto de trazados carga con el coste total de esta prueba en su cuenta de resultados.

Montmeló, cuyo capital social está controlado en un 75% por la Generalitat catalana, pagó en cánones en 2019 (2020 fue excepcional ya que muchos trazados no pagaron estos costes al celebrar las pruebas a puerta cerrada) más de 30 millones de euros. El Circuito Ricardo Tormo de Cheste, cuyo accionariado está completamente en manos de la Generalitat Valenciana, unos nueve millones. Y Motorland Aragón, con un 86% de su capital en manos de otra sociedad del Gobierno de Aragón, unos 10 millones. Jerez, en cambio, pagó 3,6 millones hace dos años.

Una prueba de Fórmula Uno en el Circuito de Catalunya.

Para hacer frente y tratar de que el desequilibrio económico no vaya a más, los principales accionistas inyectan dinero año a año mediante un concepto denominado en contabilidad como subvenciones a la explotación. Montmeló recibió el pasado año del Govern catalán más de siete millones de euros; Aragón traspasó a su circuito 2,7 millones y Valencia, dos millones. Todos ellos son importes más o menos similares a los de años precedentes, tal y como se recogen en sus respectivas cuentas.

El Ayuntamiento jerezano también hizo lo mismo con el trazado de la carretera de Arcos. Desde hace unos años, en torno a 1,5 millones del presupuesto municipal van destinados al Circuito. Mientras, el otro accionista, la sociedad Soprea, vinculada a la Consejería de Economía de la Junta, no realiza aportaciones. Sin embargo, los casi cuatro millones que paga la Consejería de Turismo contribuyen de manera indirecta a que los gastos de explotación que tiene Jerez sean menores.

Gobiernos autonómicos al rescate

El pasado lunes, Juan Marín aseguró que la Junta quiere formar parte del gobierno de Cirjesa, la empresa que gestiona el trazado, y ayudarla a afrontar sus problemas económicos. La sociedad continúa adelante aunque ya ha aprobado su segundo plan de reequilibrio financiero en cuatro años para tratar de no salirse del camino marcado por el convenio de acreedores tras el proceso de quiebra en el que entró a principios de la pasada década.

Según las cuentas de 2020, el trazado tiene una deuda de unos 9,2 millones de euros; ahora bien, en 2012 el Ayuntamiento asumió un débito de unos 20 millones de euros de las obras de remodelación realizadas en 2004 que aún tiene pendiente de capitalizar ampliando su participación en el trazado por este importe. Eso sí, en algunos de los últimos ejercicios ha podido cerrar su cuenta de resultados en números negros, caso de 2018 o 2020.

Mientras, el resto de circuitos continúan encadenando año a año importantes pérdidas, lo que ha llevado a sus gobiernos a lanzarles salvavidas de todo tipo.

El Gobierno aragonés tiene previsto este año una ampliación de capital del trazado de Alcañiz por 8,99 millones y hace unos años, al igual que Jerez, le permitió que liquidara una deuda de más de 18 millones de euros a través de un plan de pago a proveedores del Instituto de Crédito Oficial. Mientras, las instalaciones de Cheste pudieron reducir su deuda total en unos 15 millones de euros el pasado año ya que la Generalitat asumió este importe como fondo que aporta la sociedad (no hay ampliación de capital), una medida que le da un respiro contable a sus cuentas.

Mientras, Montmeló le debe a la Generalitat más de 10 millones de euros en préstamos, entre ellos también un plan de pago a proveedores de 2012. Incluso, en 2019 el Instituto Catalán de Finanzas le condonó una deuda de unos ocho millones por el pago del canon de la prueba de Fórmula Uno de 2018.

2020, un año nefasto

Por culpa de la pandemia, el segundo trimestre del año pasado fue en blanco para todos los circuitos debido a las limitaciones de movilidad y de celebración de eventos decretada. Fue al partir del verano cuando empezaron a retomar su actividad y a albergar eventos deportivos de primer nivel , aunque todos a puerta cerrada. Esta circunstancia, claro está, supuso un claro impacto sobre sus respectivas cuentas de resultados por la pérdida de facturación (entre el 75 y el 95% respecto al año anterior), fundamentalmente por la falta de ingresos en taquilla, y eso a pesar de que todos los trazados se ahorraron buena parte de los cánones por albergar estas pruebas.

Jerez cerró 2020 con unas pérdidas de casi 700.000 euros, los números rojos más abultados desde 2016. Cheste lo hizo con un negativo de 4,6 millones; Aragón, con 2,2 millones; y Montmeló cerró con 2,1 millones.

Además de contar con escasos ingresos en taquilla, el trazado jerezano vio reducido sus ingresos por el alquiler de la pista a lo largo del pasado año. Así, de los 2,9 millones obtenidos en 2019 pasó a poco más de 1,2 millones. Un importe similar facturó Cheste el pasado ejercicio por el mismo concepto frente a los 3,1 millones del año anterior.

Mientras, Aragón obtuvo unos 1,5 millones por prestaciones de servicios y Cataluña, unos 1,9 millones, de los más de cinco que ingresó en el ejercicio precedente.