Los abogados y procuradores de Jerez se han concentrado este miércoles para alertar de las consecuencias que está provocando la concatenación de huelgas que está sufriendo el sector de la justicia desde hace meses. Ambos colectivos, a través de sus decanatos en la ciudad, recuerdan que el año se inició con los paros de los letrados judiciales y que continúa ahora con una huelga indefinida de los funcionarios, que aún se mantiene, circunstancias que han provocado que la actividad judicial esté prácticamente paralizada y, por ende, esté afectando sobremanera a su trabajo.

La convocatoria de movilización fue realizada tanto por el Consejo General de la Abogacía como por el Colegio General de Procuradores en todos los juzgados de España. En el caso de Jerez, la protesta se realizó a las puertas de la sede judicial de la avenida Tomás García Figueras.

En ella, el decano de los abogados jerezanos, Federico Fernández, advirtió: “Estamos en una situación insostenible porque llevamos desde principios de este año primero con las huelgas de letrados y ahora con la de funcionarios. Esta situación está provocando una grave crisis económica y laboral para la abogacía y la procuraduría de este país”.

En esta misma línea, la decana de los procuradores jerezanos, Ana María Zubia, apostilló: “Esto es mucho peor que el covid, pues está retrasando aún más todos los procedimientos judiciales. El covid fue un mes y poco, pero ahora llevamos cinco meses paralizados. Esto no hay quien lo aguante”.

Ambas instituciones estimaron que en torno a 3.000 demandas están actualmente paralizadas por la huelga de funcionarios judiciales, que se inició a mediados de abril. Así, el decano del colegio de abogados alertó de que únicamente se están tramitando “cuestiones de urgencia”, asuntos penales y de violencia de género. Sin embargo, se están produciendo continuas suspensiones en las jurisdicciones social y contencioso-administrativo, y una parálisis casi absoluta en lo civil.

Por ello, mostraron su temor de que no haya solución a corto plazo debido a la falta de avances en la negociación entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos convocantes de la huelga. “Esto tiene muy mala pinta si no hay voluntad por las dos partes de negociar”, advirtió Ana María Zubia.

Federico Fernández y Ana María Zubia.

"Esto afecta no sólo a nosotros"

Los decanos de ambos colegios alertaron de las consecuencias económicas que esta falta de actividad judicial está provocando en los despachos de abogados y de procuradores ya que apenas tienen ingresos. Y también le está afectando a los clientes porque, tal y como explicó Zubia, “hay gente con viviendas ocupadas, hay desahucios parados o pensiones de alimentos sin pagarse”. “Esto afecta no sólo a nosotros", advirtió.

Ante este panorama, tanto el Colegio de Abogados como el de Procuradores demandan a las partes que tengan predisposición a la búsqueda de un entendimiento para acabar con esta huelga. Y demandaron, además, al Ministerio de Justicia a que dote de los medios que necesita este servicio público ya que, tal y como apuntó el decano de los abogados, “es uno de los pilares de nuestra Democracia”.

Los funcionarios de justicia llevan en huelga desde mediados de abril (aunque fue en mayo cuando se iniciaron los paros indefinidos) para reclamar mejoras salariales y laborales al Ministerio de Justicia. Desde el pasado día 6 no se reúnen ambas partes.